Escuchas a Corte: Caamaño se irá si es por decreto

Cristina Caamaño y Alejandra Gils Carbó

La encargada de la oficina de escuchas judiciales, la fiscal Cristina Caamaño, adelantó que no se opondrá a entregar el área en caso de un eventual decreto de necesidad y urgencia del Gobierno que dispusiera el traspaso de la Procuración General a la órbita de la Corte Suprema. La funcionaria le adelantó anoche a este diario que no opondrá resistencia ni someterá ese departamento "a un tironeo político" por entender que en el manejo de las escuchas "hay causas muy sensibles y vidas en juego que pueden ponerse en riesgo" en caso de permanecer en un limbo la estructura. De todos modos, insistió en tachar de "ilegal e inconstitucional" un posible decreto.

Caamaño, titular del Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom) de la Procuración General, que este año absorbió la tarea de escuchas telefónicas judiciales que antes desarrollaba la ex Secretaría de Inteligencia, aseguró que la Corte no está en condiciones fácticas ni legales de tomar esa responsabilidad, como planteó el ministro de Justicia, Germán Garavano. Ante ese panorama, advirtió: "Van a quedar los únicos que pueden hacerlo, que son los que nosotros sacamos; la gente de Antonio Stiuso", en alusión al jefe de espías que quedó en el centro de la controversia en torno de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

"Aunque pensemos que es ilegal e inconstitucional un DNU, no nos vamos a oponer a la entrega de la Dicom. Hay vidas en juego, hay casos de personas secuestradas que figuran en nuestras escuchas y no voy a hacer un tironeo político cuando puede haber muertos", agregó. De este modo pareció diferenciarse de su propia jefa y referente, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, que hasta ahora desoyó las demandas del Gobierno de abandonar su cargo, y de otros funcionarios de la administración anterior que tenían estabilidad en sus cargos, como Martín Sabbatella.

De todos modos, Caamaño amplió sus críticas a Mauricio Macri y su equipo: "Es increíble que un presidente procesado por escuchas ilegales se las termine por entregar de nuevo a Stiuso". La funcionaria sostuvo que el inciso tercero del artículo 99 de la Constitución prohíbe dictar decretos de necesidad y urgencia "en materia penal, tributaria o electoral", lo que a su criterio vedaría al Ejecutivo de intervenir en el funcionamiento de la Dicom por esa vía. Y añadió que tampoco, según su parecer, "hay necesidad o urgencia" para hacerlo.

Caamaño envió ayer a Garavano un informe de gestión en el que da cuenta de un acortamiento en los tiempos de interceptación de teléfonos, así como un detalle de los oficios respaldatorios. "Ojalá que me hagan una auditoría, los estoy esperando", desafió la fiscal.