El juez José Castro, que instruyó el caso de corrupción del que es protagonista Urdangarin, dictó ayer la apertura del juicio oral y situó a la infanta y a su marido entre las 17 personas que serán juzgadas en un proceso que arrancará en la segunda mitad de 2015 en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.
El caso, abierto en 2010, investiga al Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que presidió Urdangarín, a la que supuestamente se desviaron 6,1 millones de euros de fondos públicos entre 2004 y 2007.
La infanta Cristina y su esposo crearon la sociedad Aizoon, que compartían al 50%, a la que presuntamente se desviaron los fondos ilícitos, lo que supondría un fraude a la Hacienda Pública. Mientras el cuñado del rey es señalado por nueve delitos, Cristina es acusada de haber cooperado en dos de ellos y se le reclaman además 2,6 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
La decisión judicial no es recurrible, pero la defensa de la infanta buscaba ayer resquicios legales en un último intento por evitarle el banquillo. Miquel Roca, su principal abogado, apuntó a la llamada "doctrina Botín", que establece que la acusación popular no está legitimada a enviar un imputado a juicio contra el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, como es el caso.
En contra de los argumentos de la defensa de Cristina de Borbón, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el juez Castro consideró ayer que la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias está legitimada para llevar a juicio en solitario a la hermana del rey.
Imputada en un primer momento por un delito de blanqueo de capitales, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca redujo los cargos a los delitos fiscales por los que será juzgada.
Manos Limpias quedó como único "acusador" de la infanta, en contra de la opinión de la defensa de Cristina, de la abogacía del Estado y del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, contrarios a que fuera juzgada.
La decisión de Castro concluyó una larga instrucción que comenzó a hace cuatro años, como ramificación de otro caso de corrupción, cuando empezó a indagar sobre el Instituto Nóos.
La indignación causada por el caso aumentó cuando en 2013 el juez imputó a la infanta Cristina, de 49 años, porque, en su opinión, colaboró "activamente" con su marido al utilizar con fines personales una parte del dinero malversado, mediante la "empresa pantalla" Aizoon. En 2012, en su declaración como imputada, se desentendió de la gestión de la compañía y afirmó que había confiado plenamente en su marido.
Entre esos gastos personales, el juez había mencionado durante su instrucción "un curso de salsa y merengue prestado en el domicilio familiar cuya conexión con las actividades de Aizoon se antoja harto difícil".
La implicación de la infanta contribuyó a socavar la popularidad de la monarquía española, en horas bajas tras salir a la luz la cacería de elefantes del rey Juan Carlos en Botsuana en 2012 en un momento álgido de la crisis económica en España, lo que causó tal indignación que el monarca llegó a pedir perdón públicamente, en un gesto sin precedentes.
Desde el momento de su imputación, Cristina de Borbón fue apartada de las actividades de la Casa Real. No forma parte de la familia real desde la subida al trono de Felipe VI en junio, quien, según la prensa española, estaría intentando convencerla de que renuncie a sus derechos dinásticos como sexta en la línea de sucesión al trono.
La decisión de Castro fue destacada por el Partido Socialista (PSOE), el principal de la oposición. "Que la infanta vaya a estar sentada en el banquillo significa que la justicia es igual para todos", señaló. El Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy exigió, por su parte, respeto a la presunción de inocencia de la hermana de Felipe VI.
Urdangarin se enfrenta, por su parte, a una petición del fiscal de 19,5 años por los delitos de malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.
Entre las 17 personas que estarán con él y con su mujer en el banquillo se encuentran su exsocio, Diego Torres, y el exministro y expresidente de Gobierno de las Islas Baleares, Jaume Matas, que habría contratado al Instituto Nóos al margen de la ley.
| Agencias DPA, AFP, EFE y Reuters |
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