España: recrudece campaña antibancos

María Vicens, Corresponsal en España

La Justicia española complicó más el panorama para un mercado inmobiliario que no logra salir a flote: un juez sevillano hizo lugar a una demanda contra un banco y tres cajas de ahorro por «abuso» en una de las cláusulas básicas de los contratos hipotecarios. El fallo, promovido por una asociación de consumidores, significa la puerta de entrada para un alud de juicios contra el ya vapuleado sistema financiero español.

El juez en lo Mercantil

N° 2 de Sevilla, Miguel Ángel Navarro Robles, condenó al BBVA y a las cajas de ahorro Cajamar, Cajamar Caja Rural y CAIXA de Galicia a eliminar la llamada «cláusula del suelo» de sus contratos hipotecarios y abstenerse de utilizarla en lo sucesivo. Esta condición establece un tope mínimo, que varía entre el 2,75% y el 3,50% en general, para las tasas de interés variable en estos contratos. Todos ellos se ajustan al Euribor, un índice que fluctúa con las tasas de interés en Europa, utilizado desde hace años en el mercado europeo, y que ganó fama en la prensa económica con la explosión de la burbuja inmobiliaria en España.

Mayor polémica

La cláusula del suelo fue una de las condiciones de los contratos hipotecarios que generó más polémica al estallar la crisis en España: si bien la mayoría de los prestadores eran informados sobre esta condición, gran parte la ignoró mientras el Euribor se mantuvo. Los problemas empezaron cuando este parámetro empezó a desplomarse, y los hipotecados se encontraron que sus deudas no descendían al mismo nivel.

El conflicto escaló hasta tal punto en ese momento que el Senado pidió al Ejecutivo que suprimiera por «abusiva» esta cláusula, pero, luego de un informe realizado por el Banco de España y de tratativas con los bancos españoles, éstos sólo accedieron a renegociar esta condición con ciertos «clientes preferentes». La Justicia llega ahora para reabrir un debate que implica millones de euros para un sistema muy debilitado por la crisis financiera. Este peligro ya había sido advertido por el Banco de España, que avaló en su informe la legitimidad de la cláusula y previno sobre el «impacto demoledor» que podía tener su eliminación en las entidades ibéricas.

Si bien los bancos y las cajas de ahorro se defendieron desde un primer momento argumentando que la cláusula del suelo (que en algunos casos asciende incluso al 4% y el 5%) respondía a la incorporación de un piso y un techo (de entre un 10% y un 15%) en las tasas de interés de los contratos hipotecarios y que estos límites beneficiaban tanto a los prestadores como a los prestamistas, el juez sevillano Navarro Robles consideró que estos topes planteaban una situación desigual para una de las partes.

Críticas

El magistrado destacó que estas condiciones contractuales «sólo cubren notoriamente y con soltura el riesgo de una parte negocial, el Banco, y no así y de modo semejante el del prestatario, por lo que han de reputarse nulas por abusivas». El fallo despertó inmediatamente las críticas de las entidades demandadas, que ya la apelaron. La decisión implicaría también la renegociación de los contratos hipotecarios que incluyen esta cláusula, es decir el 79% de ellos.

El panorama para los bancos en los tribunales superiores tampoco es muy alentador: no sólo porque detrás de esta acción colectiva está la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), sino también por las críticas que llueven sobre ellos desde que estalló la crisis financiera. Una situación que excede el marco español y que está en sintonía con las medidas más amplias que ha decidido impulsar Estados Unidos, con el reciente anuncio de la Reserva Federal de revisar las posibles irregularidades de los contratos hipotecarios en este país.

El nuevo frente de batalla para la banca española se instala en un paisaje casi desolador, por lo menos para las entidades que tienen mucha cartera hipotecaria. España alcanzó una nueva cifra récord de ejecuciones inmobiliarias (la tasa interanual ascendió al 126% en 2008 y al 50% en 2009) y las entidades bancarias tienen en la actualidad propiedades inmobiliarias por unos 20.000 millones de euros, que tampoco consiguen vender porque no se recuperan variables claves como el desempleo. A este escenario se suma un mercado hipotecario que no logra reactivarse (ya lleva cuatro meses en caída) y un paisaje inmobiliario español plagado de carteles de «Se vende».