La sentencia, cuya espera mantenía ayer en vilo al Gobierno de Mariano Rajoy, se dará a conocer hoy, un día después del segundo aniversario del alto el fuego del grupo terrorista ETA, responsable de la muerte de 829 personas en más de 40 años de atentados por la independencia del País Vasco y Navarra (ver nota aparte).
La CEDH ya dictaminó en 2012 que la detención prolongada de Del Río, condenada por terrorismo, era irregular, pero el tribunal aceptó estudiar el caso de nuevo y su Gran Sala emitirá un nuevo fallo definitivo.
En su primera decisión de julio de 2012, los jueces de Estrasburgo consideraron que la militante vasca era víctima de la aplicación retroactiva y, por tanto, errónea de una nueva interpretación jurídica del cálculo de las reducciones de condena, conocida como "doctrina Parot". Ésta establece que los beneficios se apliquen sobre cada una de las penas que pesan sobre la persona detenida y no sobre los 30 años de cumplimiento máximo efectivo de cárcel previsto por la ley. Esta interpretación prolonga el tiempo de estancia en prisión en caso de múltiples condenas.
Del Río, de 55 años y encarcelada desde 1989, fue condenada a diferentes penas por su participación en diversos atentados. El total de las condenas sumaba más de 3.000 años de cárcel que en la práctica quedaron reducidos a 30 años, el máximo de cumplimiento efectivo, según la legislación española entonces en vigor.
En 2008, el centro penitenciario en el que cumplía condena propuso en julio de ese año como fecha para su liberación tras la aplicación de las reducciones de condena previstas en la legislación por su trabajo en prisión sobre los 30 años. Pero diversas instancias judiciales rechazaron esa propuesta en virtud de una nueva interpretación judicial, la "doctrina Parot", adoptada en 2006 y cuya aplicación retrasa la liberación de Del Río a 2017.
En su veredicto de 2012, la CEDH concluyó que España viola la Convención Europea de Derechos Humanos y pidió la puesta en libertad de Del Río, antes de aceptar la petición de revisión del caso realizada por España.
Durante una audiencia celebrada en Estrasburgo en marzo de 2013, en el marco de esta revisión, la defensa de la activista de ETA (Patria Vasca y Libertad) solicitó a los jueces que confirmen el veredicto que condena a España. No hacerlo "diluiría la protección del individuo contra la arbitrariedad", argumentó uno de sus abogados.
Por su parte, los representantes del Gobierno español subrayaron que no hubo violación de los derechos de la militante y reprochó a la CEDH que se extralimitara en sus funciones al estudiar la manera en que España aplica las reducciones de penas. Según Madrid, no se produjo una aplicación retroactiva de una nueva jurisprudencia, sino una aplicación de una interpretación mejorada del derecho en vigor desde los años 70.
"¿Un crimen equivale a 130 crímenes?", preguntó a los jueces europeos Sanz Gandasegui, uno de los representantes de España, defendiendo la legitimidad de la "doctrina Parot".
España también señaló que un mandato de 2001 ya informó a Del Río de que no saldría de prisión hasta 2017 y que en ese momento la afectada no apeló.
Una condena a España podría tener consecuencias para decenas de detenidos. "No podemos anticipar cuál será la reacción de los jueces", pero esto afectaría principalmente a "54 miembros de ETA" y a "14 prisioneros comunes", entre ellos reincidentes, subrayó Sanz Gandasegui, citando el caso de un hombre condenado por más de 50 violaciones.
"Setenta prisioneros de ETA estarían afectados por la 'doctrina Parot' y hay abiertos varios procesos", indicó a principios de septiembre Maritxu Paulus Pasurco, abogada de los militantes de la banda en San Juan de Luz (País Vasco francés).
| Agencias AFP y EFE, y Ámbito Financiero |
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