Espía aceptó llamados a víctima de escuchas

Norberto Oyarbide

El supuesto espía, Ciro Gerardo James, confirmó ayer ante el juez federal Norberto Oyarbide que había llamado al celular de Sergio Burstein, familiar de las víctimas de la AMIA, días antes de que fuera intervenido de manera irregular. El ex Policía Federal, sin embargo, rechazó su responsabilidad en el hecho y aseguró que se lo había pedido el auxiliar de inteligencia de la Policía de Misiones, Diego Guarda. El magistrado también ordenó ayer el allanamiento a los juzgados de esa provincia que ordenaron todas las pinchaduras que investiga.

James, procesado por los presuntos delitos de falsedad ideológica, violación de secreto y arrogarse honores y títulos, había solicitado una nueva indagatoria a Oyarbide, para aclarar algunos puntos sobre las nuevas pruebas obtenidas por el juzgado. Además de dar precisiones sobre el llamado a Burstein, James agregó que no conocía la empresa de seguridad ARPA, perteneciente al ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios, y que nunca había trabajado para él.

Respecto de los 150 llamados que se detectaron entre el imputado y el ex titular de la Policía porteña, James se limitó a explicar que eran por consultas por su posible ingreso en esa fuerza. La conexión entre quien es señalado como el principal sospechoso de las supuestas escuchas ilegales y Palacios es central, ya que la causa se inició a partir de una denuncia de Burstein. Según un llamado anónimo que recibió el dirigente judío, Palacios lo habría espiado.

Desde el juzgado explicaron que el interrogatorio se había limitado al punto que solicitó aclarar James, ya que el juez todavía analiza las pruebas obtenidas para ampliar la indagatoria respecto del imputado. Entre los nuevos elementos en la causa se encuentran las pinchaduras al empresario Carlos Ávila desde 2007, al abogado Mariano Castex, a gerentes de la empresa Coto y a Néstor Leonardo, cuñado de Mauricio Macri, quien relacionó estas intervenciones con la familia del jefe de Gobierno.

Oyarbide sí avanzó sobre la parte de la pesquisa que involucra a los jueces de Misiones, Horacio Gallardo y José Luis Rey, al ordenar el allanamiento de sus juzgados. La medida no pudo concretarse porque el juez federal de Misiones, Ramón Chávez, no dejó entrar a los efectivos policiales y les indicó que volvieran más tarde. Anoche todavía no se habían podido realizar los allanamientos. El rechazo del magistrado misionero se sumó a otras definiciones que podrían obstruir la primera pesquisa: Chávez se declaró competente para investigar el caso, citó a indagatoria a los policías de esa provincia que ya procesó Oyarbide, y dictó una medida inhibitoria el viernes pasado para que este último se abstenga de intervenir en el caso.

Frente a este panorama, en Comodoro Py ayer dudaban seriamente de que los jueces Gallardo y Rey se presenten hoy a la declaración indagatoria establecida por Oyarbide. Si no van a la citación, debería iniciarse una investigación para analizar su comportamiento y posible destitución. Sólo así pueden ser detenidos para ser indagados.