Espía pidió declarar hoy ante el juez por nuevas pruebas

Norberto Oyarbide

El supuesto espía, Ciro Gerardo James, declarará hoy nuevamente ante el juez Norberto Oyarbide, por la causa que investiga las escuchas presuntamente ilegales al empresario Carlos Ávila y a Sergio Burstein, familiar de las víctimas de la AMIA. Un caso en el que se descubren nuevas pinchaduras todas la semanas y que complicó la semana pasada al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, al detectarse que su cuñado, Néstor Leonardo, está entre las víctimas de estas escuchas irregulares.

El abogado de James, Luis Hernández, señaló en el fin de semana que había solicitado una nueva indagatoria para su cliente, debido a que en la causa se habían incorporado nuevas pruebas, luego del primer interrogatorio al imputado. Según indicó el defensor, el ex policía federal aclarará ante Oyarbide hechos vinculados con la situación de Burstein y las llamadas que habría realizado al ex jefe de Homicidios de Misiones, Raúl Rojas, también procesado en la causa, pero sin prisión preventiva.

La indagatoria, sin embargo, podría derivar en nuevos datos sobre las intervenciones al abogado Mariano Castex (representante de importantes empresas como Telecom Italia), a dos gerentes de la empresa Coto, y a Leonardo, esposo de Sandra Macri. El cuñado del jefe de Gobierno aseguró la semana pasada ante el juez que creía que la familia Macri estaba detrás de la pinchadura a su teléfono, ya que se habían opuesto desde un principio a su casamiento.

La situación de Leonardo complicó más la postura del Gobierno porteño respecto a las escuchas, sobre las que aseguró que se trataba de una supuesta operación de infiltración que habrían impulsado la Policía Federal y el Gobierno nacional para desprestigiar a la nueva Policía Metropolitana.

La investigación de Oyarbide develó que James, oficial de la Policía Federal hasta agosto pasado, trabajó desde 2007 con la Policía de Misiones y los juzgados de Instrucción de esa provincia, en varias causas en las que se intervenían teléfonos, cuyos titulares no tenían ninguna vinculación con los investigados. El supuesto espía habría sido quien diera el dato de los números a intervenir, y fue quien retiró todos los casetes de las pinchaduras y los trasladó a Misiones, tanto los de Ávila y Burstein, como los de Castex, Lorenzo, y entre 15 y 20 teléfonos sobre los que se están indagando quiénes son sus titulares.

Además de tener dos contratos con el Ministerio de Educación porteño como «asesor informal» por $ 57 mil, James pidió su baja en la Federal para ingresar a la fuerza porteña, según él mismo declaró y admitió el ahora ex jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro. Las conexiones con el Gobierno porteño no terminan allí, ya que el juzgado de Oyarbide identificó más de 290 llamados entre James, el jefe anterior de esa fuerza, Jorge Palacios, Chamorro y otros oficiales de alta jerarquía de la Metropolitana.

Esta conexión es uno de los ejes de la pesquisa de Oyarbide, ya que la causa se inició a partir de una presentación de Burstein en la que denunció un llamado anónimo que le advirtió que Palacios lo estaría espiando. La cantidad de víctimas de intervenciones irregulares que el juez detectó a partir de este caso derivó en una pesquisa más amplia que indaga sobre una posible estructura dentro del Gobierno porteño supuestamente dedicada al espionaje empresarial y político.