En la filmación, aparece una mujer descalza y sobre el piso, que llora y grita mientras una soldado apunta un arma sobre su cabeza. Más tarde, un efectivo de la Policía Federal le esposa las manos para luego asfixiarla con una bolsa de plástico, mientras la militar le hace preguntas sobre el paradero de otra persona de nombre María.
"¿Vas a hablar? ¿ya te acordaste? ¿o quieres más?", espeta la uniformada.
La víctima asegura entre sollozos que no conoce a María y suplica a los agentes -cuyos rostros no aparecen en el video- que se detengan. Sin embargo, la asfixian nuevamente.
"¿Quieres más bolsa? ¿o quieres agüita? ¿o quieres toques (eléctricos)? Dime tú, ¿qué quieres?", pregunta la soldado, que aparece acompañada de otro militar.
La Fiscalía General aseguró que, a través de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, investiga "la probable responsabilidad de elementos del Ejército mexicano, así como de uno de la Policía Federal" en este caso.
Los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2015 en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, un estado del sur de México clave en el cultivo y tráfico de amapola y marihuana.
La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), dijo haber tenido conocimiento de lo sucedido recién el 10 de diciembre 2015, y aseguró que la Procuraduría General de Justicia Militar arrestó el 5 de enero pasado a un capitán y a una soldado policía militar "como presuntos responsables del delito de desobediencia".
El despliegue militar en México contra la delincuencia organizada, que se inició en 2012, desató numerosas críticas dentro y fuera del país por los numerosos casos de abuso por parte de los uniformados.
En diciembre del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso dos nuevos proyectos de ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada y la tortura en el país, fenómenos que fueron denunciados por la ONU como "prácticas generalizadas".
Ayer en tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mexicana reveló que cuenta con un testigo que implica a dos agentes federales en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y planteó la existencia de una nueva ruta de desaparición de los jóvenes en Iguala. Hasta el momento no se había involucrado a la Policía Federal en el suceso, solamente a los policías municipales de Iguala y Cocula.
Dicha hipótesis difiere de la establecida en la versión de la Fiscalía General, que establece que los jóvenes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula, localidad aledaña a Iguala.
| Agencias AFP, EFE y DPA |
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