Estatales del Reino Unido lanzan su mayor reto en más de 30 años

La manifestación de empleados públicos fue, como es habitual, especialmente fuerte en Londres. La estrategia «tory» de imponer medidas de austeridad contra la crisis ha reforzado la tendencia recesiva de la economía.

Londres - Enfermeras, maestros, bibliotecarios y agentes de aduanas participaron ayer en la mayor huelga en más de tres décadas en el Reino Unido en protesta contra la reforma impuesta por el Gobierno conservador de David Cameron al sistema de jubilaciones del sector público.

Según los sindicatos, unos dos millones de empleados públicos secundaron el paro que apuntó, además, a las medidas oficiales de ajuste. Con todo, su alcance fue minimizado por el Ejecutivo y calificado por Cameron de «fiasco».

Entre el 60% y el 98% de los colegios -cifras correspondientes a Inglaterra y Escocia- cerraron, incluido el de los hijos del primer ministro, así como juzgados, bibliotecas y oficinas gubernamentales, mientras miles de intervenciones quirúrgicas no urgentes fueron canceladas en el Servicio Nacional de Salud.

Uno de los servicios más afectados fue el de ambulancias, con más de un 40% del personal en huelga en Londres, lo que motivó que las autoridades pidieran a la población que sólo llamase en caso de peligro de muerte.

Los aeropuertos, donde se temían grandes filas por la ausencia de agentes de aduanas, vivieron, sin embargo, una jornada sin incidentes debido a los planes de contingencia habilitados, que incluyeron la reducción del número de vuelos.

Medio millón de empleados del sector público hicieron huelga en Escocia y Gales, mientras que en Irlanda del Norte se suspendieron los servicios de tren y colectivo.

Cameron, algunos de cuyos empleados en su oficina de Downing Street respaldaron la huelga, tildó el paro de «dañino e irresponsable», al tiempo que defendió como «razonable y justa» la oferta del Gobierno para los empleados del sector público.

Por su parte, la casi treintena de sindicatos que convocaron a la huelga, la mayor desde las protagonizadas por los estatales en 1978 y 1979 (período conocido como «Invierno del descontento»), afirman que los cambios son «injustos», ya que implicarán trabajar y contribuir más para percibir al final un monto de pensión inferior.

Si bien no apoyó directamente el paro, el líder de la oposición laborista, Ed Miliband, expresó sus simpatías por «las ayudantes de comedores infantiles, enfermeras o profesores que han decidido hacer huelga por la difícil posición en que los puso un Gobierno que no quiere negociar como es debido».

Miliband criticó que el Ejecutivo conservador-liberaldemócrata «imponga un aumento del 3% en las contribuciones de algunos de los trabajadores peor pagados del país, no para garantizar sus jubilaciones, sino para reducir el déficit». Además, el Gobierno pretende congelar los salarios en el sector y elevar la edad para jubilarse.

Decenas de miles de personas participaron en una manifestación en Londres, similar a otras celebradas en ciudades como Birmin-gham o Manchester, en defensa de las jubilaciones del sector público, las únicas que quedan en este país ligadas al salario.

En el Reino Unido, desde la eliminación del vínculo entre jubilación y sueldo, la pensión estatal es una cantidad mensual fija pequeña -al margen de la remuneración que se recibiera durante la vida laboral- y debe complementarse con planes de jubilación privados.

«Cuando uno opta por trabajar en el sector público, sabe que el sueldo será en general modesto, pero cuenta con una buena pensión al final de su carrera. No es justo que nos penalicen por la erosión de derechos en el sector privado», declaró Peter Sanders, subdirector de una escuela del este de Londres.

Theresa Grant, una empleada del sector sanitario de 50 años que también participó ayer en la manifestación londinense, criticó que el Gobierno quiera «arruinar» la pensión de los trabajadores públicos cuando «los banqueros y los diputados» siguen cobrando las suyas, además de «primas y dietas».

Martin Cornish, empleado municipal, condenó que el Ejecutivo quiera «arrastrar a todo el mundo a la precariedad» y que diga que «destinará el dinero de las contribuciones a asegurar el sistema jubilatorio cuando en realidad lo quiere para reducir un déficit» que el ciudadano corriente «no causó».