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Extraditan a presunto terrorista
Julio De Vido
La acordada se conoció pocos días después de que ministros del gabinete de Sebastián Piñera le reclamasen a Julio De Vido que la Argentina accediese al reclamo de la Justicia de Chile de que Apablaza fuera extraditado. También ocurre a pocas horas del viaje que hará Cristina de Kirchner a ese país para las celebraciones el próximo viernes del bicentenario de la independencia de ese país. El extraditado es requerido en su país por el asesinato en 1991 del senador Guzmán, de la Unión Demócrata Independiente (UDI) -partido que integra hoy la coalición de Gobierno de Piñera-. La extradición del acusado debe ser aprobada aún por el Poder Ejecutivo.
Apablaza fue detenido en noviembre de 2004 en la Argentina, pero quedó en libertad meses después. Vive en la localidad bonaerense de Moreno, pero todas las semanas debe presentarse ante la Justicia y ha formado familia con una periodista que se desempeña como traductora en el área presidencial de la Casa de Gobierno.
La Corte señaló en su fallo la salvedad de lo dispuesto en la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado. Esta norma establece en su artículo 7° «que ningún refugiado podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, incluido el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes».
Imputación
La causa por el asesinato de Guzmán fue reabierta en Chile luego que el ex líder del FPMR Mauricio Hernández Norambuena, detenido en Brasil por un secuestro, atribuyó en una entrevista periodística la coautoría del asesinato del senador Guzmán a Apablaza y otros integrantes del Frente.
El político fue asesinado a tiros cuando salía de la Universidad Católica, en la que continuó impartiendo clases de Derecho tras ser elegido senador en 1989. Piñera dijo hace diez días que hará «todo lo necesario para que los que asesinaron al senador Jaime Guzmán enfrenten la Justicia en nuestro país. Llevan demasiado tiempo eludiendo la Justicia».
La situación sobre el acusado se venía dilatando desde 2004, cuando la defensa de Apablaza pidió el estatus de refugiado para el acusado a la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE, ex CEPARE), organismo dependiente de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Justicia y Derechos Humanos, y el INADI.
En marzo de 2005, ese organismo informó al juez federal Claudio Bonadío, luego de que éste recibió el planteo de extradición de Chile y en agosto de ese año la causa llegó a la Corte Suprema.
Luego de cuatro pedidos realizados por la Corte (algunos con carácter de «muy urgente») y que el organismo informara que aún evaluaba el requerimiento de refugiado de Apablaza, el tribunal decidió el 17 de julio de 2007 suspender el trámite de la causa «hasta tanto se resuelva la solicitud de refugio», tal cual lo había solicitado previamente la defensa.
En mayo del año pasado, la Corte volvió a requerir si el CONARE resolvió conceder o no el estatus de refugiado, y en junio el organismo dio la misma respuesta: que el caso se encontraba en estudio.
La Corte reiteró el pedido una vez más y obtuvo la misma respuesta, a raíz de lo cual ahora resolvió conceder la extradición. «Más allá del plazo ya transcurrido y a la espera de la resolución firme que se adopte en un trámite de refugio que a más de cinco años de iniciado aún no tiene decisión en primera instancia por parte de la Comisión Nacional para los Refugiados, (la continuidad de la espera) conduciría, en las circunstancias del caso, a prolongar sine die la resolución sobre la extradición», sostuvo la Corte.
Sin controversia
El tribunal aseguró que «no existe controversia acerca de la gravedad que revisten tales hechos, teniendo en cuenta, además, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron, según refieren los antecedentes de la causa».
«Hechos de esta naturaleza son ajenos a la tradicional noción de delito político, cuyo trato favorable desde el punto de vista de la extradición se funda en la circunstancia de que esta clase de infracciones lesionan exclusivamente el régimen interno de los gobiernos y encuentran su inspiración en móviles altruistas», concluyó la Corte en su resolución.
En la causa que se le sigue en la Justicia chilena, Apablaza es investigado por el secuestro por la misma banda terrorista del empresario Cristian Edwards.
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