El polémico juez porteño Roberto Gallardo, conocido por sus fallos contra la Ciudad de Buenos Aires -llegó a embargarle el sueldo a jefes de Gobierno- y que ha sido recusado por Mauricio Macri, también recibió el castigo de la fiscal de Cámara, Daniela Ugolini, quien solicitó que se dé lugar al pedido de la administración macrista. El conflicto empezó en relación con el predio conocido como Casa Amarilla, en Barracas, donde debían entregarse viviendas. Gallardo embargó $ 14 millones de la cuenta del Instituto de la Vivienda (IVC) de la Capital Federal, mientras que ayer diputados de la Coalición Cívica manifestaron sus sospechas de que ese lugar Macri lo cederá a Boca Juniors. El 25 de agosto pasado Gallardo dispuso el embargo de las cuentas del IVC y la transferencia a una cuenta del juzgado que está a su nombre, en el marco de la causa iniciada por la asociación civil Casa Amarilla contra el Gobierno de la Ciudad. En respuesta, el Gobierno porteño pidió un resarcimiento por daños y perjuicios, y como eso está pendiente, solicitó el apartamiento del magistrado de todas las causas donde la Ciudad es demandada.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La recusación que pidió Macri le valió al magistrado entregar a sus colegas más de un centenar de expedientes del fuero Contencioso Administrativo y Tributario -el que se ocupa de los litigios en que interviene como querellante o demandado el Gobierno porteño-. Furioso, el juez reclamó públicamente en la Legislatura, con diputados de la oposición a su lado, por lo que consideró un vaciamiento de su despacho.
Interpelación
La resolución de Ugolini fue ayer uno de los principales argumentos con los cuales el procurador porteño, Pablo Tonelli, enfrentó a los legisladores de dos comisiones durante una interpelación que se realizó por dos horas y media en la Legislatura.
La fiscal general de Cámara dijo en un escritode diez páginas que «la Procuración debió tomar la decisión que entendía necesaria para defender el patrimonio de la Ciudad» y así respaldó el pedido de recusación, pero también una demanda que hace ahora el Gobierno porteño por daños y perjuicios de $ 138 mil. «La acción por daños y perjuicios resulta ser una vía legal idónea para obtener una reparación», sostuvo la fiscal.
Ugolini además sostuvo que no era «una intromisión» del Poder Ejecutivo el hecho de pedir que Gallardo sea recusado. Dice, además, que el juez tiene «una acotada visión» de su función cuando expresa en una conferencia de prensa que debe defender «los derechos sociales» y denuncia «públicamente un ataque a su independencia». Finalmente, la fiscal argumenta que la recusación está bien fundada ya que entre la Ciudad y el magistrado hay un litigio pendiente y solicita a la Cámara que admita el pedido.
Tonelli explicó, por su parte, a los legisladores la demanda por daños y perjuicios que inició la Ciudad contra Casa Amarilla y contra el juez a partir del embargo, y que ése es un pleito pendiente con Gallardo, por lo cual solicitaron se aparte de la causa central y todas las causas donde la Ciudad es demandada.
Para el kirchnerista Pablo Failde, «el pleito pendiente fue iniciado por la Ciudad a posteriori» y por eso consideró que «la medida es temeraria y maliciosa».
«Hay que atender la posibilidad de que si no iniciáramos una causa por daños y perjuicios, estaríamos avalando la impunidad», replicó el procurador de Macri.
El legislador del Frente para la Victoria, Sebastián Gramajo, sostuvo, en cambio, que «el juicio de daños debería ser posterior al jury de enjuiciamiento».
Por su parte, Facundo Di Filippo (Coalición) embistió con que «el IVC tomó la decisión hace 10 días de dar de baja el programa Casa Amarilla y hay una intención del Club Boca Juniors de quedarse con esos terrenos. ¿Por qué la Procuración demanda a la asociación civil?».
«Porque consideramos que la demanda de ellos generó un perjuicio para la Ciudad y solicitó el embargo; eso no limita el accionar de la asociación civil en sede administrativa o judicial», respondió Tonelli.
Dejá tu comentario