Fiscal pide que BCRA busque ruta del dinero

El ex embajador en Venezuela Eduardo Sadous, cuando se presentó a declarar ante el Congreso. El diplomático ratificó sus dichos ante la Justicia, que apuntan a la existencia de una «embajada paralela».

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer que se cite a declarar a técnicos del Banco Central y de la Auditoría General de la Nación (AGN), en el marco de la causa en la que se investiga si funcionarios del Gobierno argentino pidieron supuestos sobornos a empresarios para participar de los negocios con Venezuela.

Los testimonios tienen el objetivo de clarificar información que le remitieron al juzgado de entidades bancarias del exterior, donde están guardados los fondos del Fideicomiso Bandes, creado por Venezuela en 2004. Estas cuentas guardan los fondos del fideicomiso y se usaban para pagar los productos que les vendían las empresas argentinas, entre ellos, maquinaria agrícola, operación que forma parte de la pesquisa.

Pollicita solicitó también al juez a cargo del caso, Julián Ercolini, un pedido de informe a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de todos los datos que tenga sobre las empresas Palmat y Madero Trading, que actuaron como intermediarias en una operación de venta de maquinaria agrícola argentina al Gobierno de Hugo Chávez, que también es investigada.

Esta parte de la pesquisa se desprende de una investigación que el ex defensor del pueblo Eduardo Mondino inició a raíz de una denuncia anónima sobre supuestos sobreprecios en el pago de estas comisiones. Según estas acusaciones, se habrían pagado sobreprecios de aproximadamente un 15% a las intermediarias, que esconderían retornos a funcionarios argentinos. Además, Mondino fue citado por el juez como testigo (ver nota aparte).

Este monto es similar al que detalló el ex embajador en Caracas, Eduardo Sadous, durante su declaración testimonial en esta causa. El diplomático señaló que, durante su gestión en Venezuela, varios empresarios se habrían acercado para denunciar el supuesto pedido de coimas por parte de funcionarios argentinos para participar de las relaciones comerciales con el Gobierno de Chávez.

Sadous indicó, además, que Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Concesiones Viales (OCCOVI), habría sido el responsable de las gestiones comerciales con Caracas, apuntando así a la supuesta existencia de una «embajada paralela» en ese país.

El fiscal solicitó, además, que la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) -que reúne los negocios de los empresarios del sector con Venezuela- acompañe los contratos de cada una de esas operaciones.

La pesquisa sobre los negocios con Venezuela forma parte de una denuncia más amplia que la Coalición Cívica inició en noviembre de 2008 contra Néstor Kirchner, varios funcionarios de su Gobierno y empresarios supuestamente vinculados a él por presunta asociación ilícita.