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Francia expulsará a los inmigrantes que pidan agresivamente
Una mujer y su hijo junto a un dirigente local, durante un homenaje ayer a los gitanos que vivían en Francia y fueron víctimas del nazismo. El tributo tuvo lugar en Arles, sureste del país.
En una conferencia de prensa, el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, anunció que próximamente presentará una enmienda a la legislación vigente. Es una iniciativa destinada a «luchar de forma más eficaz contra las redes de inmigración clandestina y de trata de seres humanos procedentes de Rumania y de Bulgaria», añadió Besson, quien encabezará la delegación del Gobierno francés que hoy explicará a varios miembros de la Comisión Europea (CE) la política local en relación con la comunidad rumaní.
Desde que el presidente Nicolas Sarkozy dio la orden hace un mes, ya fueron desmantelados 128 campamentos gitanos y deportados 977 de sus ocupantes a sus respectivos países.
Este balance fue suministrado por el ministro del Interior Brice Hortefeux durante la misma ponencia, en la que agregó que en lo que va de año más de 8.300 rumanos y búlgaros fueron expulsados.
«No hacemos más que aplicar las leyes en vigor», indicó el funcionario, antes de subrayar en que «el Gobierno dice lo que hace y hace lo que dice». Hortefeux reiteró que no se trata de estigmatizar a ninguna comunidad en concreto, ni de expulsar a gitanos por el hecho de serlo, pero tampoco de «cerrar los ojos a la realidad».
Como ejemplo, el ministro indicó que los actos de delincuencia en París perpetrados por rumanos aumentaron un 259% en el plazo de año y medio. Uno de cada cinco robos en la capital francesa es obra de un ciudadano rumano y uno de cada cuatro robos de menores fue cometido también por un menor de esa nacionalidad, añadió.
Al igual que Besson en Bruselas, Hortefeux también tendrá que dar explicaciones, aunque en su caso su interlocutor será el presidente de la Conferencia Episcopal en Francia, el cardenal André Vingt-Trois, al que recibirá para tratar de aplacar las polémicas críticas surgidas en el seno de la Iglesia Católica.
Entre ellas, figura la del arzobispo de Toulouse Robert Le Gall, quien llegó a comparar las expulsiones de gitanos con las deportaciones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
El comité de la ONU contra la «discriminación racial» urgió la semana pasada a Francia a «evitar» las expulsiones colectivas de gitanos y los «discursos políticos discriminatorios» que favorecen un «clima de racismo» y coinciden con «un aumento reciente de actos y manifestaciones racistas y xenófobos».
Las personas nacidas en Rumania y Bulgaria -miembros de la Unión Europea (UE)- pueden entrar libremente en Francia, pero, por una cláusula especial local para los países que recientemente se sumaron al bloque, a los tres meses deben tener trabajo, medios de sustento comprobables y seguro médico, o, si no, irse. El Gobierno afirma que todos los gitanos expulsados superaron el plazo.
El redoble de apuesta de Besson y Hortefeux coincidió con las primeras señales fuertes de distanciamiento entre los ministros del Gobierno de Sarkozy.
El primer ministro, Francois Fillon, admitió ayer la existencia de un «malestar» en el oficialista UMP y criticó «la forma en que esta política fue presentada por algunos».
El canciller Bernard Kouchner, un veterano activista por los derechos humanos, aseguró que estuvo a punto de renunciar por la polémica que generaron las deportaciones, pero que no lo hizo porque eso no ayudaría a los gitanos. «Es importante continuar. Irse es desertar, aceptar las cosas como están», afirmó a la radio RTL.
Agencias EFE, AFP y ANSA


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