Fuerte avanzada de Macri contra puestos ilegales

Las máquinas del Gobierno porteño arrasaron una veintena de puestos ilegales en el barrio de Liniers, tras incidentes violentos al inicio del desalojo.

El Gobierno porteño avanzó ayer con la desocupación de negocios ilegales al derrumbar, en el barrio de Liniers, unos 21 locales. El proyecto del Ministerio de Espacio Público continuará por la Costanera Sur, San Telmo y Parque Centenario, además de Chacarita y la peatonal Florida, donde ya se hicieron desocupaciones.

Para pasar ayer las topadoras, el Gobierno de la Ciudad dispuso un operativo en la madrugada que contó con gran despliegue de policías de la Metropolitana y funcionarios, además de las máquinas que terminaron convirtiendo en escombros los puestos. Hubo un fuerte enfrentamiento entre los puesteros y los agentes de seguridad que derivaron en cuatro policías lastimados y siete detenidos que fueron derivados a la Comisaría 44ª de la Federal. La violencia continuó cuando los desalojados, a modo de protesta, hicieron fogatas en medio de la avenida Rivadavia, donde se realizó ese fuerte operativo, complicando la circulación del tránsito durante buena parte del día, especialmente el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires. Los manifestantes contaron con apoyo de agrupaciones ligadas al antimacrismo, mientras que asociaciones vecinales respaldaron el operativo, ya que venían reclamando por el desalojo.

Sobre Rivadavia, entre la calle Cuzco y la avenida General Paz, hace cinco años se habían levantado frente a la estación de trenes de Liniers los comercios callejeros, de pequeñas dimensiones, sobre terrenos del ferrocarril, pero que tomaban parte de la vereda, según explicaron los funcionarios porteños. Se vendían desde empanadas y golosinas hasta celulares y artículos de audio sin contar con habilitación municipal. Esa suerte de paseo comercial en condiciones precarias pertenecía a Omar Buchacra, un cacique de Boca Juniors que estaría enfrentado con Macri por internas deportivas, dentro de las cuales se lo vinculó a varios escándalos violentos.

Según funcionarios porteños que participaron del operativo, Buchacra habría intentado acercarse al lugar ayer a la madrugada, pero la Policía le frenó el paso.

Los regenteadores de esos locales difundieron, inclusive, que pagaban alquileres de entre $ 2.000 y $ 3.000 pesos para instalarse allí. Además, los puestos contaban con servicio de luz y algunos con instalaciones de gas, según dio cuenta el área de Espacio Público que conduce el ministro Diego Santilli.

Desde la oposición al macrismo se elevaron todo tipo de críticas por el modo de accionar del Gobierno porteño y hasta el ibarrismo indicó que analiza formular una denuncia penal si considera que se cometió un delito.

Mauricio Macri justificó el polémico operativo explicando que los locales «no tenían ninguna habilitación» y estaban «en medio de las veredas».

«Todo mal. No existía ninguna habilitación, estaban totalmente ilegales, por eso se desalojaron y se tiraron abajo», insistió Macri tras los incidentes.

«Eso es la vereda. Si a todo el mundo se le ocurre ahora hacer locales en medio de veredas de Buenos Aires se nos acaba la Ciudad. Tenemos que respetar al otro», remató.

Para llevar adelante ese desalojo, el Gobierno porteño llegó a la madrugada al lugar con una tropa de funcionarios y setenta agentes de la Policía Metropolitana, a quienes los desalojados intentaron repeler con pedradas.

Macri sostuvo que los policías «actuaron perfectamente» y acusó a los responsables de los locales de haber «estado sacando beneficio de algo que no corresponde durante mucho tiempo». Santilli, al brindar explicaciones sobre la ilegalidad de los puestos, aseguró que alguno «usaba una columna de alumbrado público para poder sostener su estructura de construcción».

Por el momento, la mercadería que se vendía allí está incautada y sólo podrá ser retirada por los propietarios si presentan la documentación que acredite su pertenencia. El Ministerio de Espacio Público tiene previsto continuar ese plan y, como lo hizo ayer en Liniers, seguirá en otros barrios porteños, como con los puestos de choripán de la Costanera o los feriantes de San Telmo que no estén autorizados.