Gas: kirchnerismo acepta negociar con oposición, pero sin derogar decreto

Miguel Pichetto

En un intento por calmar el rechazo interno en el kirchnerismo al decreto de Cristina de Kirchner que dispuso la aplicación del cargo especial en las facturas de gas para financiar la importación de fluido, el oficialismo comenzó a reconocer en el Congreso que no está dispuesto a aceptar una derogación de ese decreto, pero sí que se analicen todos los casos en que el aumento implique una carga insostenible para el usuario. Esa función, en realidad, se realiza en las distribuidoras, por un lado, y en la Justicia, por otro. Pero para los diputados, las aclaraciones por parte del Gobierno sobre el procedimiento de excepciones al pago de los aumentos aún no alcanzan. Mucho más para la oposición, que se prepara para forzar mañana dictámenes en contra del decreto en las reuniones de las comisiones de Energía de Diputados y el Senado.

Ayer, el jefe del bloque del Frente para la Victoria de Diputados, Agustín Rossi, reconoció que debe «eliminarse todo lo que signifique situaciones injustas para los usuarios de gas de menores ingresos, pero no derogar el cargo».

«Nadie que gane 2.500 o 3.000 pesos tiene que pagar el cargo de gas», dijo Rossi. Sostuvo así la misma posición que la Casa Rosada. De hecho, Cristina de Kirchner se lo ordenó a él y al rionegrino Miguel Pichetto en dos ocasiones, pero intentando ponerle paños fríos a un conflicto que no controla ni dentro de su propia bancada.

Rossi llegó a pedir disculpas a los usuarios de bajos ingresos que recibieron los aumentos: «Nosotros vamos a acompañar todo lo que signifique eliminar situaciones injustas, y que han afectado a usuarios que no están en condiciones de pagar ese cargo», explicó.

Llegó, inclusive, a hacer una propuesta a la oposición: si se plantea ampliar las excepciones a quienes no puedan pagar los aumentos, el oficialismo acompañará esta propuesta, pero dejó claro que «la intención no es derogar el cargo. Lo lógico y racional sería ver cuáles son las situaciones de injusticia, cuáles aquéllas a las que ni siquiera tendrían que haberle llegado la boleta y, luego, resolver esas situaciones».

El mecanismo que propone así el oficialismo parece un esfuerzo desesperado por frenar un descontento dentro del Congreso que en no más de dos semanas podría complicar al Gobierno en el recinto. Es imposible que diputados y senadores comiencen a analizar la aplicación de un sistema de exenciones al cargo específico que estableció el decreto, pero sí organizar un marco reglamentario.

Es un camino que la oposición no quiere tomar: por el contrario, desde hoy comenzarán las reuniones para unificar un dictamen que impulse la derogación del Decreto 2.067 al que consideran inconstitucional por haber creado un cargo especial para el que Cristina de Kirchner no estaba habilitada.

Mañana, la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados analizará la suba de gas y también la de electricidad. La reunión comenzará con un informe del secretario de Energía, Daniel Cameron, y el interventor del Ente Regulador del Gas, Antonio Pronsato. Será un símil de la reunión que mantuvo el secretario la semana pasada en el Senado.

La comisión que preside la kirchnerista Roxana Bertone iniciará el debate a las 10 en el edificio Anexo de Diputados con la presencia también del subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.

Todos intentarán convencer a los diputados de la necesidad de mantener los incrementos, con el argumento de que sólo impactarán en el 6% de la población, un porcentaje que ya explicaron en el Senado, pero que no causó demasiado convencimiento, sobre todo porque otros funcionarios oficiales ya reconocen que el impacto en la población es mucho mayor.

Frente a ellos, los bloques de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, el socialismo y el peronismo disidente intentarán firmar el dictamen de un proyecto unificado que quieren debatir sobre tablas dentro de una semana.

La agenda de ese día de la comisión contempla también proyectos de derogación de la Resolución 415/2004 sobre el uso racional de la energía, que dispuso incrementos tarifarios y la creación del fondo fiduciario para las importaciones de gas natural.