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Gobierno avanza sobre Edesur: nombran veedor
Julio De Vido
Según la resolución que lleva el número 183, Edesur pretende «trasladar al mercado eléctrico mayorista el no cobro de su facturación por el suministro eléctrico al Gobierno de la Ciudad». De esta forma, el organismo se pronuncia desde ya contra la parte del préstamo pedido por Edesur a Cammesa por un total de $ 214 millones, de los cuales $ 34 millones corresponden a lo adeudado por la Capital Federal.
La deuda del Gobierno de Mauricio Macri se fue acumulando desde enero debido a que la Ciudad no acepta pagar la energía de sus edificios y del alumbrado público con la tarifa sin subsidio. La eliminación de la subvención fue dispuesta por el ministro Julio De Vido en diciembre luego de que la Legislatura de la Ciudad aprobó un aumento muy significativo en la tasa de alumbrado, barrido y limpieza.
Según fuentes del Gobierno, Edesur no cortó el suministro en las dependencias municipales y tampoco inició acciones judiciales aun cuando la mora se arrastra desde enero. Según fuentes de la distribuidora, no se puede cortar a escuelas o centros de salud, y en los edificios públicos porteños se les impidió el acceso a las cámaras para concretar la interrupción del servicio.
No obstante, para el Gobierno habría resultado especialmente irritante que Edesur quisiera trasladar a Cammesa y, en última instancia, al Tesoro nacional la deuda por energía en la Ciudad. Hasta anoche no estaba definido todavía si ese organismo controlado por el Estado autorizará el pedido de financiamiento formulado por Edesur, lo que en principio se iba a resolver en la reunión del próximo miércoles 18.
La resolución nombró a Luis Barletta, director del ENRE, veedor en Edesur, e indicó que su función será fiscalizar y controlar los actos de administración y de disposición de fondos, en apariencia para garantizar que la empresa pague a Cammesa el precio mayorista de la energía que recauda en las facturas de sus usuarios.
El criterio sería que se trata de plata que la empresa percibe para pagar la energía, y que los otros gastos operativos deben cubrirlos con los ingresos por el margen de distribución. La distribuidora, en tanto, sostiene que su margen es insuficiente para costos de mantenimiento y salariales por el virtual congelamiento de tarifas.
En los considerandos de la resolución, el ENRE destacó que en enero de 2012 las sociedades Chilectra y Enersis de Chile (controladas por Endesa) asumieron como quebranto las inversiones en Edesur por u$s 300 millones, y que el grupo Endesa tomó la decisión de no participar en las emisiones de deuda de la distribuidora, con el consiguiente incremento del costo de ésta.
El ENRE también indicó que la falta de pago por parte de la distribuidora a Cammesa, así como «la falta de voluntad en percibir el cobro de las acreencias a su favor», «contraviene con las responsabilidades asumidas en el contrato de concesión poniendo en grave riesgo la prestación del servicio».
El organismo también recordó antecedentes como si se buscara conformar un caso para una medida más drástica. Dijo que en 2010, ante una crisis producida por prolongadas interrupciones que afectaron a los usuarios, intimó a la distribuidora a presentar un programa de regularización operativa, y que lo actuado «no resultó suficiente para atender adecuadamente la demanda». También sostuvo que «no se evidencia un cambio en el actuar de la empresa que permita reconducir la situación».
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