Gobierno denunció a Pinedo y jueza por fraude procesal

Federico Pinedo rechazó ayer la denuncia que el Gobierno presentó contra él. Mauricio Macri lo acompañó y castigó al kirchnerismo.

El Gobierno presentó ayer una denuncia penal contra el jefe de la bancada de diputados del PRO, Federico Pinedo, y contra la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento por presunta «estafa procesal». La acusación se basa en la acción de amparo interpuesta por el legislador opositor contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 2010/09, que dispuso el uso de reservas del Banco Central para el Fondo del Bicentenario, a la que la magistrada hizo lugar suspendiendo provisoriamente la disposición del Ejecutivo.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, precisó ayer que se acusa a Pinedo por «frenar y poner una coloración que no tiene que tener» a la creación del denominado Fondo del Bicentenario. El jefe de ministros agregó que «lo preocupante es saber cuál es el objetivo final» de la presentación de Pinedo y de los distintos recursos que interpuso sobre el amparo en estos últimos días, a los que hizo lugar Sarmiento, a quien Fernández calificó de «partícipe necesaria» en la supuesta estafa procesal.

La denuncia recayó en el juzgado federal Nº 10, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral y fue enviada a la fiscalía de turno, que deberá decidir hoy si impulsa o no la investigación del caso.

Entre los pedidos de PRO y la Coalición Cívica, impulsores del amparo contra el DNU 2010/09, presentados en estos días, se encuentra la ordinarización de la demanda -una vez dictada la medida cautelar que suspendió el DNU- y la recusación sin causa del juez de turno de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, José Luis López Castiñeira, que dejó al tribunal de alzada con un solo integrante.

Los demandantes también presentaron un recurso de reconsideración el miércoles pasado para que se cumplieran los pasos del proceso ordinario. El expediente había sido elevado con la apelación del Gobierno a la Cámara, que ayer lo devolvió a primera instancia para que se cumplieran esos pasos.

En este sentido, Fernández resaltó que «un amparo que pretende frenar una medida» y que después la jueza «transforma en ordinario» es «incompatible, algo que la ley no lo permite», puntualizó el ministro.

Destacó, además, que el diputado opositor no hubiera podido recusar sin causa a un juez «si la jueza no hubiera concedido cada una de estas acciones», ya que es una de las facultades que tiene el proceso ordinario y no la ley de amparos.