Gobierno evalúa apelación o requerimiento “en banc”

El Gobierno argentino evalúa, desde la Procuración del Tesoro, apelar la decisión de la segunda instancia judicial de Nueva York por el caso YPF, ante la Corte Suprema de los Estados Unidos; o un requerimiento previo para que todas las cámaras de apelaciones en pleno decidan la cuestión ("en banc"). Llegado el caso de una decisión adversa el reclamo se dirimirá en un juicio ordinario. Según la estrategia que está en pleno diseño oficial, el fallo puede ser apelado aún por el Gobierno ante la Corte Suprema de Estados Unidos, planteado como una cuestión de soberanía del país. Desde el Gobierno de Mauricio Macri se considera que la reestatización es una causa constitucional aprobada por el Congreso, pero que por la manea en que se concretó durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la posición es débil ante la "desidia y desprolijidades del Gobierno anterior", según fuentes de la negociación judicial. En 1993, en el marco de la privatización de YPF, el Gobierno de Carlos Menem ofreció casi el 100% del capital de la empresa a través de acciones clase D y listó los ADR en la Bolsa de Nueva York. En ese momento, tanto el país como la empresa se comprometieron a que cualquier otra adquisición posterior de una porción de control de la empresa obligaría a hacer una oferta por el total de las acciones. Esa salvedad figura en los documentos que YPF envió a la SEC y en su estatuto. El kirchnerismo no consideró esta situación en la reestatización de 2012.