Gobierno vuelve a la Corte por medios (y alienta déjà vu)

Ricardo Lorenzetti y Martín Sabatella

 El Gobierno aportó ayer la letra que definirá el último acuerdo de ministros de la Corte Suprema del martes que viene. Los abogados de la AFSCA recurrieron al máximo tribunal para solicitar un per saltum con el objetivo de que los justices se expidan sobre la adecuación de oficio de la ley demedios al Grupo Clarín. Ayer por la tarde el requerimiento, que tiene carácter de urgente, ya circula por las vocalías y animaba todo tipo de conversaciones. Martín Sabbatella llevó ayer al oficialismo a un terreno hostil desde lo técnico lo cual daba lugar diversas hipótesis en una jornada signada por novedades inquietantes con origen en Comodoro Py, puntualmente en la fiscalía de Federico Delgado.

Al igual que durante gran parte de 2012, en la Corte reaparecen los comentarios sobre la impericia de la táctica procesal del AFSCA en su contienda con Clarín. Es ineludible el dato de que cuando el oficialismo pidió un Per Saltum en 2012 para acelerar el desenlace sobre la constitucionalidad de los artículos que regulan las desinversión, la Corte lo rechazó sin mayor trámite por entender que el caso no lo ameritaba. Es difícil imaginar que un planteo por la aplicación tendrá una respuesta distinta, especialmente si lo que se cuestiona es un acto individual (la resolución administrativa del AFSCA) que no tiene alcance general.

Uno de los justices recordaba ayer el diagnóstico de 2012, que decía que ciertos abogados que intervienen en el caso parecían demasiado endebles en cuanto a sus conocimientos al punto de que Sabbatella adquirió la costumbre de hacer públicas resoluciones del organismo que conduce antes de notificar a las partes. "La disputa por la constitucionalidad se terminó pero ahora arranca la de la aplicación, que no será sencilla", sostuvo Ricardo Lorenzetti en octubre del año pasado. Ese entendimiento es ahora de una vigencia absoluta.

El oficialismo eligió la vía del reclamo en lugar del pragmatismo que recomendaba depositar una suma bajo la jurisdicción del juez Horacio Alfonso que sirviera como reaseguro para levantar la cautelar y así avanzar con la adecuación. Esos fondos habrían servido para sustentar ante el juzgado que las empresas de Clarín no serían rematadas a precio vil. Ahora ya es tarde.

Sin embargo, todo el litigio entre el Gobierno y Clarín es inentendible sin la dosis necesaria de táctica política que trasciende la materia procesal. En el cuarto piso ayer sobrevolaba la idea de que el oficialismo ha jugado la carta del Per Saltum, a pesar de las pocas perspectivas, porque esa resolución podría afectar el curso de expedientes más sensibles para el Gobierno y que podrían tratarse el martes. Nadie olvida que antes de avalar la Ley de Medios la Corte cimentó un camino de firmas negativas, desde la anulación de la reforma judicial hasta suspender las elecciones a gobernador en Santiago del Estero.

El último cónclave cortesano llegará en el máximo nivel de conflictividad entre el kirchnerismo y los tribunales, clima que ayer volvía a evidenciarse con las resoluciones del fuero federal. La saga de citaciones e indagatorias se vio acompañada, en esta ocasión, por un fallo de la Casación Penal federal (Sala II) en el cual se rechazaba la excarcelación de un condenado a 20 años por supuesto tráfico de estupefacientes a Europa. Ni siquiera esa resolución de tipo más bien criminal está exenta de los vaivenes de la puja que domina los tribunales: el fallo repasa el hecho de que la jueza María Gabriela Lanz aceptó ser garante de la libertad condicional del principal inculpado. El justificativo de la jueza, en sus propias palabras, sería su vasta experiencia en el Poder Judicial lo cual la haría una garante aceptable. Descripción incómoda para reflejar la asociación entre un magistrado y un condenado a 20 años de prisión por narcotráfico y que en el oficialismo observaban ayer con atención porque Lanz fue una de las denunciantes del fiscal Carlos Gonella, que el lunes terminó declarado en rebeldía por Claudio Bonadío.

La otra novedad significativa para la embestida del oficialismo provino del despacho del fiscal Delgado, que requirió la instrucción de una causa por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de la Magistratura. Apuntó a Lorenzetti a jueces y consejeros del organismo y al círculo de colaboradores del justice. Más allá del avance que el caso pueda registrar, el dato político es que la denuncia inicial fue elaborada por la legisladora Paula Oliveto Lago que se referencia en Elisa Carrió, la Némesis más rutilante que el titular de la Corte encuentra en la arena política.

Giros del destino: este caso fue el que utilizaron los consejeros del kirchnerismo en la Magistratura para designar como administrador del Poder Judicial a Claudio Cholakian, vocal del grupo Justicia Legítima.

No es la única irrupción judicial que Carrió registra en los últimos días: fue por una denuncia de esta diputada que terminaron procesados los fiscales Gonella y Omar Orsi, cercanos a Alejandra Gils Carbó y ahora bajo sospecha de haber entorpecido la pericia contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez.