Gobierno ya piensa en 2014 con el “Código Zaffaroni”

Eugenio Zaffaroni

Jorge Capitanich ya comenzó a interiorizarse de la política judicial del Gobierno. Fue en un encuentro en Balcarce 50, en el cual recibió a Juan Manuel Olmos, titular de la Magistratura porteña y que acaba de conseguir un asiento que podría ser decisivo en los próximos meses: la presidencia del foro que reúne a los representantes de todos los Consejos del país.

En ese encuentro, plagado de tecnicismos en materia judicial, el jefe de Gabinete dejó traslucir que el Gobierno comenzará 2014 con dos objetivos concretos en materia judicial: la reforma del Código Penal y un paso hacia el sistema acusatorio en materia procesal penal, sistema en el cual los fiscales llevan el peso de la instrucción de las causas.

Para el kirchnerismo, el foro es un espacio a potenciar ya que, a diferencia de otros ámbitos que reúnen jueces, éste tiene una mayor carga política. La única provincia que no se encuentra representada es La Rioja, ya que allí no existe la figura del Consejo de la Magistratura.

Hasta el momento las principales entidades del terreno judicial se han mostrado esquivas al Gobierno, cosa que no ocurre con la liga de Consejos.

Capitanich recibió a Olmos (habitual jugador en las internas del peronismo de la Capital) gracias a la intermediación de Oscar Olivieri, abogado de la ciudad de Sáenz Peña que representa a la magistratura chaqueña.

Los proyectos de modificaciones que maneja el jefe de Gabinete tienen su origen en el propio Poder Judicial. La reforma del Código Penal fue coordinada por el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. Este trabajo se llevó a cabo en el mayor de los silencios en un grupo que integraron el diputado del PRO Federico Pinedo, el diputado de la UCR Ricardo Gil Lavedra, la exdiputada socialista María Elena Barbagelata y el abogado León Arslanian.

A diferencia de la reforma judicial que coordinó Carlos Zannini o de la reforma del Código Civil y Comercial donde el protagonismo desde el Gobierno se repartió entre el Ministerio de Justicia, y la Comisión Bicameral (en manos de la diputada Diana Conti y el senador Marcelo Fuentes), en este caso Capitanich será el principal controller del proceso. "No crean que yo solo me dedicaré a la economía", le avisó el funcionario a la delegación que encabezó Olmos.

Durante su última gestión en la gobernación chaqueña Capitanich elaboró un paquete de leyes para el Poder Judicial que contempla una suerte de auditoría a los funcionarios que dejan el cargo y ciertas represalias contra las marchas que alteran el tránsito.

Un trámite veloz -y sin modificaciones desde el Ejecutivo- sería una señal amarga para con Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, autores de la reforma del Código Civil y Comercial que, en teoría, debería votarse en Diputados el año próximo.

Estos dos justices diagramaron una comisión redactora que agrupó a decenas de juristas y que coordinó la exministra de la Corte mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci. Además, Lorenzetti organizó un road show para defender el proyecto en todo tipo de ámbitos. Causa irritación en ciertas vocalías de la Corte que con un despliegue menor Zaffaroni logre su reforma que, hasta ahora, se encuentra guardada bajo siete llaves.

Reproches que podrían escucharse el próximo 9 de diciembre en un cónclave variopinto organizado por la Universidad de Cuyo del cual participará Kemelmajer, pero también hombres de negocios como Enrique Pescarmona y José Zucardi.

El segundo proyecto -reforma procesal penal- tiene diversos formatos y autores, pero el que se escuchó recientemente en el Ministerio de Justicia fue el que escribió María Laura Garrigós de Rébori, titular de la Cámara del Crimen y de la corriente Justicia Legítima.

El desembarco de un proyecto de estas características en el Congreso sería un dato complicado para los jueces federales de Comodoro Py que con el régimen actual tienen bajo su órbita la instrucción de las causas ya que definen medidas y autorizan o deniegan los requerimientos de los fiscales. El modelo acusatorio los delimita a la tarea de controlar las garantías del proceso.

A diferencia del código elaborado por el grupo de Zaffaroni, este cambio en el trámite judicial implica un fuerte giro presupuestario ya que los fiscales federales deberán contar con mayores medios: actualmente el ministerio público fiscal tiene un presupuesto muy inferior al del Consejo de la Magistratura.