Gobiernos se preparan para batallar por el Atuel

Oscar Jorge y Francisco Pérez

Tras la sorpresiva decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de declararse competente en la disputa entre La Pampa y Mendoza por las aguas del río Atuel, y exigirles a las dos provincias que, en el plazo de 60 días, respondan a diversas cuestiones relacionadas con el conflicto que produjo un largo tironeo en los últimos años, ambos distritos comenzaron a diagramar lo que serán las estrategias de cara a una batalla jurídica tras mediaciones fallidas, inclusive, de parte del Gobierno nacional.

El pasado lunes, el gobernador de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez, -pese a que la provincia aún no fue notificada (por lo que no deberían correr hasta ese entonces los 60 días para informar) de la resolución del máximo tribunal de Justicia del país- encabezó una reunión para coordinar el equipo de trabajo que defenderá los intereses del distrito. Participaron del cónclave funcionarios del Departamento General de Irrigación (DGI), el Ministerio de Infraestructura, la Secretaría Legal y Técnica, miembros de la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno.

En la otra vereda, en tanto, el mandatario pampeano, Oscar Jorge, no descartó hasta el momento su pretensión de presentar su propia demanda este mes, de la mano de un estudio jurídico porteño.

"Nosotros ya tenemos todo lo que nos pide la Corte Suprema sobre el Atuel", aseguró por de pronto el ministro de Recursos Hídricos pampeano, Néstor Lastiri. El funcionario, además sostuvo que aún no se definió si se unirán al recurso aceptado por la Corte Suprema o si insistirán en presentar la demanda contra Mendoza.

El distrito que lidera Jorge considera que se incumplió un acuerdo sellado en 2008 que -a instancias de la presidente de la Nación, Cristina de Kirchner- ordenó la concreción de obras en el sur de Mendoza y un caudal mínimo para La Pampa.

Pero ese convenio -rubricado por Jorge y por el entonces gobernador mendocino Celso Jaque- nunca fue avalado por la Legislatura cuyana.

El acuerdo imponía un cronograma de obras para producir un ahorro en las pérdidas por infiltración del Atuel a través de la impermeabilización de los canales de la red primaria y secundaria de riego en el sur mendocino.

El tribunal que preside Ricardo Lorenzetti determinó la semana pasada que Mendoza tendrá que detallar, entre otros puntos, "si elaboró los proyectos para las obras de 'impermeabilización de las redes principales de riego del río Atuel en San Rafael, General Alvear y Carmensa', y de 'recrecimiento definitivo del canal marginal del río Atuel tramo IV', para transportar el mayor caudal destinado a La Pampa".

La Corte también le pide a La Pampa que señale "si el Poder Ejecutivo provincial cuenta con autorización legislativa para poder efectuar inversiones en territorio mendocino, a todos los efectos del convenio marco" de 2008.

Además, la Nación tendrá que explicar "si se ha otorgado asistencia financiera" a los dos distritos para la ejecución de obras que implica el acuerdo firmado por Jorge y Jaque, y si se ha constituido la "Unidad de Coordinación Técnica del río Atuel".

El planteo contra Mendoza avalado por la Corte Suprema fue impulsado en 2010 por el abogado pampeano y actual fiscal Miguel Palazzani -representado en esa ocasión por Andrés Gil Domínguez-, e incluía una medida cautelar que ordenaba acciones urgentes para garantizar el mínimo caudal, la cual no fue avalada por el máximo tribunal de justicia del país.

"Nosotros siempre estuvimos en el camino correcto. Si bien no está corriendo el agua en La Pampa, yo soy muy optimista porque es un paso institucional muy importante. Es un fallo, es muy fuerte, no son palabras ni cosas reproducidas por la prensa", señaló Lastiri.