26 de octubre 2009 - 00:00

Guerra entre viñateros e inmobiliarios

Esta semana envían a la Legislatura mendocina un proyecto para limitar las construcciones urbanas en zonas aptas para cultivos.
Esta semana envían a la Legislatura mendocina un proyecto para limitar las construcciones urbanas en zonas aptas para cultivos.
Mendoza - El Consejo que asesora al Gobierno de Celso Jaque en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Provincial enviará esta semana a la Legislatura una propuesta para modificar la Ley de Uso del Suelo, que fue sancionada en mayo de este año después de más de dos décadas de demora.

Lo que se pretende incluir en la legislación es una reforma para comenzar a limitar la instalación de emprendimientos inmobiliarios en las zonas aptas para cultivos. Con eso, el ente formado por organizaciones, instituciones académicas y cámaras empresariales genera expectativa entre los empresarios vitivinícolas, los agroindustriales y los inmobiliarios, que idean distintos destinos para las 260 mil hectáreas con derecho a riego que tiene actualmente Mendoza.

En relación con el objetivo del cambio legal, el secretario de Ambiente de Mendoza, Guillermo Carmona, señaló que se busca «garantizar que la zona agrícola no se vea invadida por emprendimientos inmobiliarios o industriales que cambien el perfil de las zonas para cultivo».

Asimismo, desde el Consejo Asesor del Ejecutivo, que el titular de la cartera ambiental preside, se describieron los fuertes impactos sociales, ambientales y económicos que genera la urbanización de esas áreas. En primer lugar, argumentaron que al ser la actividad agropecuaria desplazada a lugares sin agua, el Estado debe desarrollar «infraestructura productiva, lo que implica inversiones públicas de alto costo para la sociedad».

También destacaron que para asentarse en zonas sin acceso a servicios, los productores deben tener un capital importante que les permita contar con los insumos básicos, por ende sólo quedan con chance para producir determinados sectores económicos. Finalmente, según los miembros del Consejo, las producciones agropecuarias que están rodeadas de asentamientos urbanos «están expuestas a contaminación, vandalismo, robos y el tránsito de vehículos que perjudica las plantaciones».

Por su parte, los representantes de los segmentos vinculados con trabajos de urbanización opinaron que la propuesta que frena el avance inmobiliario puede ser muy buena para todos los sectores porque mejora las condiciones productivas. En efecto, desde la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción, Jorge Panella, indicó que la medida «hace a la seguridad jurídica, vamos a tener claro dónde construir y los que se dedican a la agricultura también podrán hacer sus negocios tranquilos».

No obstante, no dejaron pasar la oportunidad para hacer sus demandas. Desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza reclamaron que, además de planificar dónde se construye y dónde se cultiva, el Estado provincial tendría que ocuparse de facilitar la construcción en los baldíos que hay en la provincia. En efecto, los representantes de ese organismo sostuvieron que el Gobierno debería trabajar en el desarrollo de «beneficios impositivos» para que se ocupen esos lugares vacíos «y no se piense en construir en zonas aptas para cultivo», al mismo tiempo que acordaron con el Consejo que «es un despropósito avanzar en zonas cultivadas y hacer barrios en los viñedos».

La Ley de Uso del Suelo primero fue aprobada en Diputados el 28 de abril, luego de varias modificaciones, y tuvo que esperar hasta el 5 de mayo para que el Senado la sancionara. Se trata de una de las normas más postergadas desde que volvió la democracia, que finalmente encontró impulso real en la Legislatura el año pasado, y establece el ordenamiento territorial como procedimiento político-administrativo del Estado en la provincia y en los municipios con el fin de utilizar la planificación como instrumento para conciliar el proceso de desarrollo económico, social y ambiental.

Según el texto de la norma, se busca asegurar una «mejor calidad de vida para la población, en congruencia con los principios de equidad social y equilibrio territorial, tendientes a lograr un desarrollo sostenible y sustentable, valorar el territorio y sus recursos como base de la identidad cultural y de la competitividad provincial».

Además, la ley busca que se establezca la aptitud, capacidad de soporte de las localidades y las sinergias positivas y negativas para sustentar las actividades antrópicas actuales y futuras, y también plantea la promoción del desarrollo equitativo en toda la provincia, de las áreas urbanas, rurales y naturales en el oasis, y las zonas no irrigadas de las distintas cuencas hidrográficas y regiones existentes.

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