El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, prepara su propia «conferencia industrial», para oponerla a la que organiza la Unión Industrial Argentina (UIA) el 27 y 28 de noviembre. El funcionario lanzó su «contraconferencia» (que aún no tiene título) y convocó a las centrales empresarias que le son afines y que quedarán fuera de la convocatoria de la UIA: se trata de la CAME, la CGE y la CGERA.
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Según trascendió, se hará en Tecnópolis, una semana después del congreso de la UIA, y reservará un lugar predominante para la feria de La Salada, un «modelo productivo» que Moreno apoya sin reservas y hasta aspira a exportar a países como Angola o Azerbaiyán.
La noticia cayó como un balde de agua fría en la UIA, que aspira a que su Conferencia Industrial -que se llevará a cabo en un hotel en la lejana Los Cardales- sea un punto de inflexión en el vínculo comercial con Brasil, tema al que está dedicado el encuentro. Tal como anunció este diario, el cierre de la Conferencia estará a cargo de las presidentas Dilma Rousseff y Cristina de Kirchner. No se descarta que el cierre de la «contraconferencia» también esté a cargo de la primera mandataria argentina.
Las entidades participantes no constituyen la única diferencia entre ambos congresos: la UIA convocó a Robson Braga de Andrade, titular de la Confederaçao Nacional da Industria (CNI), un hombre cercano a Dilma y que estableció buenos vínculos con su par local, José Ignacio de Mendiguren; en cambio, Moreno convidó a participar a Paulo Skaf, presidente de la poderosa FIESP (Federación de Industriales del Estado de San Pablo), cuya relación con la UIA -y con De Mendiguren en particular- no pasa por su mejor momento.
Aún no se conocen los detalles «finos» del congreso de Moreno (cuál será su duración, quiénes serán los oradores principales, cuáles serán los temas que van a tratarse), pero es casi una certeza que el cierre también estará a cargo de Cristina de Kirchner; se sabe que la Presidente confía casi a ciegas en el polémico funcionario y no le retaceará el apoyo en esta actividad.
Será éste un paso más en el camino que viene recorriendo Moreno para esmerilar la representatividad de la UIA; su particular visión del gremialismo empresarial ubica a la central fabril como vocera de las «grandes corporaciones». En sentido inverso, tanto la CGE como la CGERA y -en menor medida, es cierto- la CAME suelen apoyar sin reservas hasta sus decisiones más polémicas so pretexto de que defiende la producción nacional. Moreno aspira sin tapujos a desplazar a la UIA como principal representante de la industria (la entidad, huelga recordarlo, agrupa a las mayores empresas del país, pero también a casi todas las pymes industriales del país, muchas de las cuales tienen doble y hasta triple afiliación con CAME y alguna de las CGE) y sustituirla por organizaciones más afines al «modelo».
«Con Moreno ya ni vale la pena hablar: le explicás que parte de la industria está parada por falta de insumos o de repuestos para arreglar máquinas, y de diez que le pedís te concede uno o dos», le dijo a este diario un miembro de la conducción de la UIA. Esto ejemplifica la creciente brecha que se abre entre el poderoso funcionario y ese sector del empresariado. Otro hombre de la central fabril invita al periodista a que recorra las playas del puerto de Buenos Aires, donde se agolpan -asegura- «al menos un millón de contenedores sin abrir».
No es esa la única preocupación de los empresarios por estas horas: el martes volverá a reunirse el plenario de comisiones de Diputados para discutir el proyecto de Ley de Accidentes de Trabajo remitida por el Ejecutivo, y que el martes defendió el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
En esa ocasión, tendrán la palabra De Mendiguren, el propio Tomada y representantes del sindicalismo. Hasta ahora Hugo Moyano y la CTA opositora se pronunciaron en contra de la norma, y la CGT Balcarce, la CGT Celeste y Blanca de Luis Barrionuevo y la CTA oficialista de Hugo Yasky se manifestaron a favor. El Gobierno asegura tener los votos necesarios para que la ley sea aprobada en el recinto sin sobresaltos, lo que terminaría con una «industria del juicio» que creó un stock de 70.000 causas -que se acumulan en el fuero laboral- por un total cercano a los u$s 2.100 millones.
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