El Gobierno no sabe cómo salir del atolladero que provocó la destitución de Alejandro Cacetta: Juan José Campanella, uno de los artífices del 1-A, fue el primero en protestar la medida. Ayer Marcos Peña aseguró que no se desfinanciará al cine. El ministro Avelluto anunció para hoy más despidos.
Cacetta. Un despido que cicatrizó la grieta: todos estuvieron en contra.
La destitución de Alejandro Cacetta de la presidencia del Incaa fue la movida política del gobierno a la que podría subtitularse "Cómo ganar enemigos y hacerse odiar por todo el mundo al mismo tiempo". Lo de "todo el mundo" no es figurado, ya que varias instituciones de cinematografías mundiales, como el Forum des Images de París, donde el depuesto funcionario había estado hace unos días dejando una excelente impresión, manifestaron su sorpresa y desagrado. Localmente, entre los primeros en reaccionar fueron Juan José Campanella, amigo personal de Cacetta y uno de los que más influyó en su designación (a la que se llegó, como bien se sabe, por consenso general de la "industria del cine"), al igual que Adrián Suar, otro buen cofrade de Cacetta, ex directivo de Patagonik.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Fueron ellos, Campanella y Suar, quienes, ante este "fuego amigo", iniciaron la procesión para poner, a su vez, las manos en el fuego por Cacetta, a los que siguió la totalidad del colectivo cinematográfico, desde los representantes más resonantes del llamado cine comercial hasta los líberos del independiente, desde los masivos a los crípticos, desde la alfombra roja de Mar del Plata hasta los recovecos abstrusos del Bafici, festival que, si bien es de la Ciudad, cuenta con aportes del Incaa y se inicia esta semana, donde habrá previsibles manifestaciones. Tanta fue la cohesión (ni qué hablar de las manifestaciones de la oposición) que hasta al ministro de Cultura Pablo Avelluto, el verdugo de Cacetta, no le quedó otra que sumarse al mismo clamor: si en los primeros momentos había hablado de actos de presunta corrupción ligados a su gestión, rápidamente separó la honorabilidad de su ex subordinado del estado de cosas, y de los funcionarios de segunda y tercera línea, "rémora de las gestiones anteriores". Es cierto que el Incaa, en los últimos años, fue blanco de acciones judiciales que nunca llegaron a aclararse del todo (uno de los casos resonantes fue el del llamado inciso 3J, de subsidios discrecionales, o la existencia de laboratorios fantasmas, entre otros), pero el guadañazo del gobierno de la semana pasada, que siguió al programa de TV "Animales sueltos" en el que se denunció con fotos equivocadas e imprecisiones varias, fue de una torpeza sin par.
El viernes, en el cine Gaumont, se reunió por primera vez el colectivo del cine para protestar contra el despido. Y hoy al mediodía se espera otro acto de repudio frente a la puerta del Incaa (Lima 319), con posterior conferencia de prensa a las 14. La medida se acordó luego de las declaraciones de Avelluto, quien prometió más despidos para hoy, y que según los organizadores atentan "contra la autarquía del Instituto, su atribución de autogobernarse, de administrar y auditar por sí mismo sus fondos".
"El riesgo actual es que a través de la nueva ley de convergencia que el Poder Ejecutivo promueve enviar al Congreso, se transforme a parte de las radiodifusoras en titulares de TICS -transmisoras de datos- quedando sin efecto dicho impuesto que sustenta al cine nacional", manifestaron. Se descuenta que será esta una manifestación mediática, con figuras destacadas del cine y la televisión, entre ellos actores, directores, productores y otros referentes del sector.
El Incaa es un ente público, autárquico, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, encargado de promover y regular la producción audiovisual en territorio argentino y el cine argentino en el exterior. Administra el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), que otorga créditos y subsidios a las películas argentinas y también aporta fondos para la celebración de festivales de cine. El fondo que administra el Incaa se financia con un impuesto que grava en un 10 por ciento toda entrada de cine que se vende en territorio nacional y con 25 por ciento de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que en parte proviene de los derechos que pagan las radios y las televisoras para operar las señales del país. El impuesto de boletería data de 1968, y en 1994 se amplió (en la gestión de Guido Parisier en el Incaa, durante el gobierno de Carlos Menem) al resto de los medios, que entonces incluían un aporte hoy obsoleto, como era la venta de video hogareño y los alquileres en videoclubes.
Tanto el ministro Avelluto como funcionarios del área económica del gobierno prometieron una y otra vez que ese impuesto no se tocará. Y ayer, el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, señaló en redes sociales que es "una gran mentira que el Gobierno quiera desfinanciar al cine, el teatro y la música". Pero los manifestantes, evidentemente, no le creen a nadie.
Dejá tu comentario