Apuntados. Los fiscales pidieron al juez la indagatoria del exgobernador Daniel Peralta por obras otorgadas durante su mandato.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron indagar como imputados a tres exgobernadores en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez.
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Se trata de una tercera parte de la causa, parte de la cual ya fue elevada a juicio oral y que ahora se enfoca en quienes fueron los máximos dirigentes en Santa Cruz que autorizaron el destino de las obras en cabeza del titular de Austral Construcciones. Se descuenta que el juez Julián Ercolini accederá al pedido de los fiscales y fijará un cronograma de citaciones. El pedido de indagatoria alcanzará a los exgobernadores Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta.
Se trata de la misma causa en la que fuera procesada la expresidenta Cristina de Kirchner, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, y Lázaro Báez, entre muchos otros. La mayor parte de la causa ya fue enviada a juicio oral y público y está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2.
El pedido de los fiscales es contra los exgobernadores que estuvieron al frente de la administración provincial en el período en el que más obras recibió el empresario Lázaro Báez por parte del Estado Nacional.
El empresario -en prisión preventiva en el marco del expediente que lo investiga por lavado de dinero y por el que será juzgado este año- recibió unos 52 contratos por obra pública vial por un total de $ 46.000 millones.
El binomio de fiscales evaluaron que el accionar de la asociación ilícita tuvo como epicentro la provincia de Santa Cruz, la cual recibió en fondos públicos lo mismo que el conjunto de otras cinco provincias.
Fue en esa provincia donde se "ejecutaría la matriz de corrupción" y los imputados acordaron "generar un éxito continuo y permanente del plan delictivo", indicaron. Los beneficios iban desde direccionar a quién se le otorgaba la obra pública, en este caso Báez, así como los adelantos de obra que se otorgaban, señalaron los fiscales.
Del dictamen presentado ante el juez federal Julián Ercolini, se desprende que Acevedo permitió el pago de $395 millones a favor de Báez entre abril de 2004 y marzo de 2006.
Por su parte, Sancho, socio inmobiliario de Máximo Kirchner, garantizó más de $918 millones en pagos al empresario entre marzo de 2006 y septiembre de 2007. Y Peralta entregó $561 millones de pesos entre 2007 y fines de 2009 también a manos del empresario.
En ese contexto, el rol de los exfuncionarios provinciales fue, para los fiscales, "imprescindible" a la hora de la "implementación y sostenimiento en el tiempo" de la maniobra, para lo cual actuaron "brindando su acuerdo previo tendiente a garantizar su éxito".
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