Ingleses dudan ahora por el referendo en Malvinas

El 13 de junio pasado, un día antes de la celebración del Día de la Liberación (versión británica del fin de la contienda de 1982), el Gobierno de Londres informó al Parlamento sobre la iniciativa del referendo que lanzarán los kelpers en 2013 para decidir si quieren ser británicos o argentinos. El ministro del Foreign Office, David Lidington, con responsabilidad en asuntos de la Unión Europea y la OTAN, enfrentó las preguntas en la Cámara de los Comunes; este diario accedió a la versión taquigráfica.

Preocupan a Downing Street los estándares de legalidad y legitimidad que debería exhibir la convocatoria que luce viciada de origen. ¿O no es una verdad de Perogrullo preguntar por lo que se es?

No haría falta ningún pronóstico para acertar el guarismo: la votación reflejará una amplia mayoría para la continuidad de la dependencia inglesa. El éxito político de la consulta no es el resultado numérico, se busca el efecto multiplicador en los medios internacionales sobre qué piensan los kelpers.

La preocupación del Reino Unido por la legalidad de la votación tuvo su primera respuesta en la región: el canciller uruguayo Luis Almagro adelantó que su país «no reconocerá los resultados». «El plebiscito carecería de valor jurídico para la comunidad internacional, nuestro país se reserva el derecho de no reconocer los resultados», adelantó Almagro en una reunión que mantuvo en Montevideo con los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados uruguaya.

El ministro Lidington escuchó dudas de sectores laboristas acerca del plebiscito; el parlamentario John Spellar, por caso, pidió seguridades sobre el encuadre legal y la autoridad de quien lo llevará a cabo. El legislador laborista sugirió que se convoque a observadores internacionales para garantizar el proceso, también pidió que el Gobierno de David Cameron presione a la Argentina en el Banco Mundial, en la Organización Mundial del Comercio, en el Fondo Monetario Internacional y otros organismos similares para que la Argentina cumpla los compromisos internacionales, en referencia a la expropiación de Repsol. «Ese tema está vinculado a la cuestión Malvinas, aquellos que no respetan las normas de comportamiento internacional en un área, se comportarán de la misma manera en otra», agregó el laborista. Tony Baldry, conservador, sugirió al ministro Lidington que se convoque como ob-

servadores a legisladores de

la Unión Interparlamentaria Mundial (la Argentina es miembro) «que serán testigos de que el referendo se lleva a cabo de manera apropiada».

La diputada laborista Kate Hoey preguntó a Lidington: «¿Nos puede asegurar que no va un solo penique de los contribuyentes británicos a la Argentina mientras siga su agresión hacia las Malvinas?». El ministro le confirmó que no hay dinero británico dirigido a la Argentina a través de préstamos del Banco Mundial. Un colega, Gerald Kaufman, fue más violento: «Puede dejarles claro a los predadores idiotas de Buenos Aires que cualquier acto agresivo sea militar, diplomático o comercial, encontrará medidas similares en este país».

Otro conservador, Rory Stewart insistió con dar seriedad al plebiscito «debemos focalizarnos en reunir observadores que sean de países del Commonwealth, muchos de ellos no han sido firmes en el apoyo a la posición de las Malvinas, así se enviará un mensaje creíble al mundo».

Un escenario parecido ocurrió en otra colonia del Reino Unido, Gibraltar. «¿Acepta el principio de que España y el Reino Unido compartan la soberanía de Gibraltar?», decía la única pregunta a los locales, que por unanimidad vetaron la opción española. Dos referendos celebrados en 1967 y 2002 no modificaron las cosas, todo sigue igual desde que el Peñón pasó a manos británicas en 1713, por el Tratado de Utrecht. España continúa con su pretensión, Gran Bretaña pone frenos, a pesar de que la coyuntura del caso Repsol logró unir a los dos reinos para trabajar en conjunto y defender sus empresas en América Latina.