Interviene la Corte en juicios a ex militares

Alfredo Astiz

La Corte Suprema de Justicia dará a conocer hoy una acordada que incluye un plan de seguimiento de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar, en medio de la polémica por la lentitud de los procesos contra represores. La medida tiene el objetivo de monitorear las causas, a través del pedido de informes, pero sin tener ningún tipo de injerencia en las causas. El documento firmado además solicitaría a los tribunales inferiores que agilicen estos casos.
La iniciativa adelantada por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, la semana pasada busca impedir que se produzcan nuevos fallos, como el dictado por la Sala II de la Cámara de Casación, que ordenó la libertad de los ex marinos Alfredo Astiz y Jorge Acosta, junto a otros 19 represores. El dictamen fue apelado y los imputados siguen presos en el penal de Marcos Paz, pero la polémica estalló igual.
Por eso, Lorenzetti había sido muy cauteloso en resaltar que la medida se planteaba como «una trabajo conjunto entre los tres poderes», intentando bajar el tono de la discusión que disparó el dictamen entre el oficialismo, legisladores opositores y jueces, quienes se señalaron mutuamente como los responsables por la lentitud con que avanzan estos juicios.
El plan de la Corte consistiría, entre otros aspectos, en digitalizar las causas, simplificar y unificar las querellas (formando «megacausas», por ejemplo, como en el caso de la ex ESMA), designar más jueces y más tribunales orales para llevar adelante estos procesos. También pediría que el Consejo de la Magistratura termine de cubrir algunas vacantes judiciales y que el Congreso dicte en sesiones extraordinarias una ley procesal para agilizar las causas complejas, no sólo en materia de derechos humanos. En la Justicia de hecho existen numerosas causas que apenas han avanzado en años, como el caso IBM-Banco Nación o la explosión de la fábrica militar en Río Tercero.
El magistrado, además, sugirió la creación de más tribunales orales (facultad del Poder Legislativo) y enfatizó que la idea de que la Corte monitoreara los juicios por crímenes de lesa humanidad no era «para avasallar la independencia de los jueces, sino para ver qué problemas se van presentando». Muchas de estas medidas hace tiempo que fueron determinadas y empezaron a realizarse (como la digitalización de las causas), pero desde la Corte señalaron que la idea era darles un estado formal a muchas cosas que ya existen en la práctica. Destacaron, además, que estos cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana y que en algunos aspectos la Corte sólo puede sugerir, pero otro organismo es el encargado de hacerlo efectivo. La provisión de recursos materiales y humanos para viabilizar los juicios es responsabilidad de la Magistratura, por ejemplo, así como cualquier cambio en la legislación depende del Congreso.