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Investigan a 25 empresas por aportes a la campaña K de 2007
• El juez pidió informes al Banco Central y a la UIF sobre las compañías denunciadas
Ariel Lijo
Las medidas apuntan a determinar si hubo irregularidades en estos aportes y/o si estuvieron financiados por actividades ilícitas, como fue denunciado en varias presentaciones que se reunieron en una sola causa, a cargo de Lijo. Entre los investigados figuran el ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y ex recaudador del Frente para la Victoria, Héctor Capaccioli; los responsables económico y político de la campaña electoral, Hernán Diez y Sebastián Gramajo; el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, así como los titulares de las empresas investigadas, pero ninguno ha sido imputado formalmente todavía.
Por el momento, el magistrado hizo lugar al dictamen del fiscal Luis Comparatore, quien impulsó la pesquisa argumentando que «una porción importante de los aportes de campaña se encuentra conformada por dinero proveniente de empresas del sector de salud, siendo que varios de los colaboradores privados resultan ser además miembros de empresas del rubro». Por eso, Comparatore recomendó investigar «si se verifica la existencia de algún tipo de prebenda que pudieran detentar las empresas que efectuaron los aportes ante el organismo que las regula», es decir, la SSS.
En un principio, Lijo remitió la causa por conexidad al juez federal Norberto Oyarbide, quien investiga el supuesto tráfico de medicamentos adulterados entre obras sociales y droguerías, muchas de ellas también denunciadas en este caso. Pero este magistrado se negó a recibirla y finalmente la Cámara Federal dispuso que Lijo debía seguir al frente de la pesquisa.
Entre las medidas que ordenó el magistrado en las últimas semanas se encuentra un pedido de informe actualizado a la UIF sobre las 25 droguerías investigadas. El organismo inició distintos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre todas las compañías sospechadas que hubiesen realizado aportes por más de $ 50 mil, como indica la ley de lavado de dinero. Lijo también solicitó a la UIF que remitiera toda la documentación reunida y ordenó el levantamiento del secreto financiero.
El juez también se remitió al Banco Central para que informe las cuentas bancarias con las que operen o hayan operado las droguerías investigadas entre el 1 de enero de 2007 y el 1 de enero de 2009. Pidió además a la entidad que envíen «las planillas de sus respectivos movimientos bancarios, en los que deberán constar, indefectiblemente, la totalidad de los cheques librados, junto con sus beneficiarios y endosantes» correspondientes al período mencionado.
También solicitó a la sección Penal Tributario de la AFIP que si estas firmas tenían «liquidez financiera suficiente para afrontar los respectivos aportes realizados» a la campaña presidencial, así como requirió que la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud que informe si durante ese período se firmó algún convenio y/o se ofreció algún subsidio a estas droguerías para la provisión de remedios. Por último, el juez pidió una copia del dictamen del fiscal electoral, Jorge Di Lello, quien recomendó no aprobar los gastos de campaña del FPV por las supuestas irregularidades detectadas.
Algunas de las droguerías cuestionadas son ya conocidas por su protagonismo en la causa de la llamada mafia de los medicamentos -como Droguería Del Plata, Multipharma y Global Pharmacy- o sus conexiones con obras sociales, como en el caso de Droguería Urbana con el sindicato de Camioneros, relación que es investigada por el juez federal Claudio Bonadío. En el resto de la lista figuran, entre otras, las empresas Medifer, Diaxon, Iter Medicina, Farmaline, Fideisalud, Droguería Unifarma, Bio Sidus, Bristol Park, Rophe, Solpa, Implantes SB, All Medicine, Graudi, Núcleo Farma, Sidus, San Timoteo, Galeno Argentina, Sanfor Salud y Audifarm SRL.


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