Investigan denuncia de estafa

Santa Fe - Un juez suspendido y siete allanamientos en juzgados y estudios jurídicos en la provincia es hasta el momento el saldo de la investigación que avanza en Rosario por una presunta estafa millonaria con fondos judiciales. Tras la denuncia del Banco Municipal de esa ciudad, que advirtió una serie de irregularidades con diversas órdenes de pago, se inició una investigación y, como parte de ese procedimiento, la Corte Suprema de Justicia de la provincia resolvió la suspensión provisoria del juez de primera instancia de distrito en lo Civil y Comercial de la 17ª Nominación de Rosario, Alejandro Pedro Martín, y de su secretario, Ricardo Lavaca.

Las maniobras detectadas y denunciadas ante la Justicia por la entidad financiera local abarcan un monto de más de un millón de pesos y fueron realizadas a lo largo de dos años.

A mediados de 2010, cuando el banco con el que opera Tribunales deja de ser el Nuevo Banco de Santa Fe y es sustituido por el Banco Municipal de Rosario, una de las sorpresas con las que se encontraron varios magistrados es que había dinero depositado en los juzgados civiles y comerciales correspondiente a diferentes causas que por distintas razones nadie había cobrado.

En ese momento, la cifra no pudo ser especificada, pero los juzgados más antiguos tenían varios millones acumulados. En ese marco, la sospecha que cae sobre el juez suspendido es el armado de expedientes en complicidad con abogados para poder mover ese dinero.

El fiscal Carlos Covani, quien encabeza la investigación, pidió la declaración indagatoria -con carácter de imputados- de seis personas cuyas identidades evitó precisar, pero la lista incluiría al titular y al secretario del Juzgado en lo Civil y Comercial 17°. En el caso de Martín, por ser juez tiene fueros, lo que implica que si es convocado a indagatoria puede someterse voluntariamente. De lo contrario, deberá intervenir el Poder Legislativo para desaforarlo.

Lo que detectó el Banco Municipal como sospechoso y denunció penalmente el 31 de octubre fue la serie de extracciones de los 56 depósitos judiciales, que son los que se abren ante un expediente y bajo el nombre del mismo para inmovilizar dinero de una de las partes hasta que haya una resolución de la controversia. Lo extraño es que todos esos movimientos remiten a un mismo juzgado, el 17°, e involucran apenas a tres abogados y un martillero.