Investigan negocios con remedios de otras seis obras sociales

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Ordenaron auditorías. Piden informes a todo el sistema para detectar truchos

La red comercial de Néstor Lorenzo en el circuito de las obras sociales sindicales se expande mucho más allá de Solidaridad, la prestadora de salud que administra la Asociación Bancaria de Juan José Zanola, intervenida anteayer por orden de Cristina de Kirchner.

Además de Solidaridad, otras seis obras sociales establecieron, en el último tiempo, vínculo comercial con la droguería San Javier y el laboratorio Multipharma, firmas atribuidas a Lorenzo, empresario investigado por la presunta falsificación de medicamentos.

Ayer, el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Ricardo Bellagio, dispuso realizar auditorías internas a las prestadoras de salud de los gremios de Juegos de Azar, Aeronavegantes, Gráficos, Turf, UTPBA y Municipales de Avellaneda.

Desde el organismo, oficialmente sólo se confirmó -lo hizo el propio Bellagio- que el nexo comercial de Lorenzo alcanzaba a siete obras sociales sindicales, incluida La Bancaria. Se evitó, de todos modos, precisar de qué organizaciones se trataba.

Sin embargo, este diario accedió al listado de las que serán auditadas por la Súper. Se trata de las obras sociales de los Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, del gremio UTPBA, que conduce Daniel Das Neves, y del personal del Turf, que gerencia UTTA de Elio Demartini.

La lupa se posa, además, sobre la obra social de los gráficos del histórico Raymundo Ongaro, la de los Aeronavegantes de la AAA de Ricardo Frecia, la de los municipales de Avellaneda de Rubén «Cholo» García y la del gremio ALEARA, de juegos de azar, que encabeza Daniel Amoroso.

Ayer, por indicación de Bellagio, inspectores de la SSS comenzaron a evaluar in situ los registros de las prestadoras sindicales. Anoche, este diario intentó ubicar a Frecia y Amoroso. Tampoco hubo respuesta desde el gremio de los gráficos.

En tanto, García, secretario general de los municipales de Avellaneda y titular de la Federación bonaerense, dijo que en 2005 se hicieron algunas compras a empresas de Lorenzo, pero que la relación comercial, que fue «muy breve», se rompió porque «no cumplía con los plazos de entrega».

El dirigente dijo, además, que colaborará con la SSS poniendo a disposición de los auditores los registros y los expedientes de esas operaciones. «Fueron pocos casos, para tratamientos de HIV», señaló García y planteó que es «necesario que se investigue».

Anoche, desde la SSS se aclaró que las auditorías son de carácter preventivo, para detectar, en primer lugar, si las adquisiciones por parte de las obras sociales no incluyeron medicamentos falsos. Por eso pedirán los troqueles y las partidas de lo comprado.

Pero, simultáneamente, se trata de determinar si no existieron irregularidades en la comercialización.

La sospecha que cayó sobre Zanola y la obra social bancaria se expande, ahora, a los demás gremios que tuvieron vínculo comercial con compañías de Lorenzo.

Resolución

Bellagio tomó otra determinación. Además de la auditoría sobre las siete obras sociales en las que comprobó que intervinieron empresas de Lorenzo, emitió una resolución para que todas las obras sociales del sistema sindical informen sobre cantidad, resultados y prestadores intervinientes en los tratamientos oncológicos, para enfermos de HIV y hemofílicos.

Con la Resolución 934/09, ordenó que las obras sociales giren a la SSS antes del 30 de setiembre un detalle sobre los tratamientos a enfermos de esas dolencias tramitados desde el 1 de enero de 2006 a la fecha.

Un apartado pide, expresamente, que se informe sobre quién fue el prestador. La intención, más que obvia, es rastrear la presencia de Lorenzo y sus empresas.

Detrás de esa medida hay un gran signo de pregunta. En el ámbito sindical se admite que en los últimos años, por la dimensión de las empresas de Lorenzo, «la mayoría de las obras sociales» tuvieron en algún momento relación comercial con el empresario investigado.

Por esa razón, fuentes oficiales admitieron ayer que se preparan para que la lista de gremios que mantuvieron relación comercial con Lorenzo crezca exponencialmente. A principios de octubre, esa sospecha se confirmará o se descartará.

Por lo pronto, en la Justicia se evaluaba ayer cómo incorporar la información de la que dispone -sobre las otras seis obras sociales- y de la que dispondrá en dos semanas a la investigación judicial que lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide y que, el lunes, derivó en la intervención de la obra social de los bancarios.

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