Investigarán a Michetti por “mercado-donaciones”

El abogado denunciante pidió al juez Lijo que analice posible alteración de libros contables. Defensa cerrada de Macri.

Gabriela Michetti

La vicepresidente Gabriela Michetti continúa sumando problemas en la causa judicial que investiga el origen del dinero que le fue robado de su domicilio el 22 de noviembre pasado. El abogado denunciante Leonardo Martínez Herrero amplió ayer su acusación contra la funcionaria y pidió que se investigue una cuenta del sitio de transacciones electrónicas "Mercado Pago" a través del cual se canalizaron donaciones para la Fundación Suma, que quedó en el ojo de la tormenta por presuntos aportes no declarados. También pidió una pericia sobre los libros contables de la Fundación que fueron entregados con posterioridad a un procedimiento ordenado por el juez Ariel Lijo, bajo el argumento de que no se encontraban en la sede de la ONG.

La presentación hizo eje en la última gala de la Fundación Suma, que se realizó días antes de que Cambiemos asumiera el Gobierno, y una semana después del robo sufrido en su domicilio de los presuntos fondos vinculados a la entidad. Allí se recordó que voluntarios recolectaron donaciones mediante un "posnet" portátil que llevaban de mesa en mesa en el predio de La Rural. Se consignó que en la página web de Suma, el link para donaciones conduce a una cuenta de Mercado Pago, identificada con número y usuario, en el que se pueden aportar voluntariamente la cantidad de dinero que se desee.

"Estoy confiado en que no hay nada extraño. Yo realmente creo en mi vicepresidente", dijo ayer Mauricio Macri consultado por la agencia Bloomberg, en el marco del "mini-Davos".

Martínez Herrero pidió que el sitio de internet Mercado Libre y su pata financiera Mercado Pago "remitan todas las operaciones realizadas" mediante esos mecanismos, y que se detalle "todas las donaciones recibidas electrónicamente desde la apertura de la cuenta especificando los usuarios que las remitieron y adjuntando los datos de registro de esas cuentas a fin de corroborar la cantidad de dinero ingresado de manera electrónica a las arcas de SUMA". También pidió "los datos de las personas físicas/jurídicas que realizaron las donaciones con el detalle de éstas, la cuenta de banco que está ligada al usuario que recibe las donaciones a fin de verificar si la cuenta pertenece a la fundación SUMA o bien es de un particular y si el detalle de todas estas donaciones se encuentra declarado por la Fundación en los organismos correspondientes y en su información contable".

Ante la posibilidad de que los libros contables que Lijo ordenó secuestrar pudieran haber sido adulterados, solicitó pericias. "Atento a la demora de la fundación en efectuar sus presentaciones en la IGJ, así como también que no tenía los libros y documentación en su sede social (lo cual resulta violatorio de la normativa legal vigente), siendo que los entregó con más de 24 horas de demora, solicito se efectúe sobre los mismos una prueba pericial scopométrica a los efectos de determinar si la antigüedad de las tintas se condicen con las fechas en que supuestamente se efectuaron los mismos y si registran correcciones y/o alteraciones", solicitó la presentación. Lijo debe decidir ahora si da curso a las medidas.