20 de julio 2018 - 00:00

Israel se define por ley como “Estado del pueblo judío” y desata críticas

Consagra al hebreo como idioma oficial y a Jerusalén como capital, además de promover el desarrollo de municipios exclusivos. Tensión con el principio democrático de igualdad entre los ciudadanos.

Sorprendente amistad. Benjamín Netanyahu recibió al premier húngaro Viktor Orban, uno de los referentes de la ultraderecha europea. Acusado en el pasado de antisemita, su giro político fue bien aceptado en Israel.
Sorprendente amistad. Benjamín Netanyahu recibió al premier húngaro Viktor Orban, uno de los referentes de la ultraderecha europea. Acusado en el pasado de antisemita, su giro político fue bien aceptado en Israel.
Jerusalén - El Parlamento de Israel aprobó en la noche del miércoles una polémica ley que define al país como la patria del pueblo judío y degrada el árabe, que deja de ser una lengua oficial junto al hebreo y pasa a tener un "estatus especial".

La ley, que generó fuertes críticas tanto dentro como fuera del país, define a Israel como "Estado nacional del pueblo judío", reafirma el estatus de Jerusalén como su capital y dice que "únicamente los judíos tienen derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel".

Además, ya solo reconoce el hebreo como lengua oficial, algo denunciado por representantes de la minoría árabe -alrededor de 1,8 millón de personas sobre una población de 9 millones, es decir cerca de un 20% del total- como discriminatorio. El árabe tendrá desde ahora un "estatus especial" que permitirá que las instituciones israelíes lo sigan utilizando.

De los 120 diputados de la Kneset, 62 votaron a favor de la nueva ley y 55 en contra. Los restantes legisladores no estaban presentes o se abstuvieron.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, habló de un "momento clave en la historia del sionismo" y afirmó que Israel "respeta los derechos individuales de todos sus ciudadanos". "Hoy legislamos que este es nuestro himno, esta es nuestra lengua y esta es nuestra bandera", añadió.

Sin embargo, israelíes árabes, políticos de la oposición y grupos de defensa de las libertades civiles criticaron la ley, pues consideran que somete la condición democrática de Israel a su carácter judío, en perjuicio de las minorías, que pueden ser percibidas como compuestas por "ciudadanos de segunda".

Israel no tiene Constitución y desde hace mucho tiempo ha mantenido un delicado equilibrio entre su carácter judío y el compromiso de su Declaración de Independencia de proporcionar "una ciudadanía plena e igual" a todos sus ciudadanos.

Gritos

Los diputados árabes protestaron a gritos y en un gesto simbólico rompieron el borrador de la ley. El diputado árabe Ahmed Tibi dijo que la ley es "racista" y supone la "muerte de la democracia" en Israel.

"La separación, la discriminación y el racismo están anclados ahora en la ley", dijo Ayman Odeh, líder de la Lista Conjunta, una alianza política de partidos eminentemente árabes. "Esta es una ley de superioridad judía que excluye a más del veinte por ciento de los ciudadanos. Está diseñada por completo para desafiar, dividir, denigrar y continuar la provocación del Gobierno de Netanyahu", agregó en un comunicado.

El texto original de la "ley de nacionalidad" debió ser notablemente suavizado. Para lograr un amplio apoyo se eliminó la cláusula más controvertida, que decía que los municipios podrían excluir a personas por su religión o nacionalidad, entre otros argumentos. En lugar de eso, la versión aprobada señala que "el Estado considera el desarrollo de municipios judíos como valor nacional y lo alentará y fomentará".

El Comité Judío Estadounidense (AJC), una organización de apoyo a Israel, criticó la ley por considerarla "innecesaria" y porque "pone en peligro el equilibrio entre ser un Estado judío y democrático".

El Gobierno israelí criticó la semana pasada al embajador de la Unión Europea (UE), Emanuele Giaufret, por haber denunciado, según versiones periodísticas, tendencias racistas en la ley. Según el diplomático, la ley es muy discriminatoria hacia los israelíes árabes.

La UE mostró ayer su preocupación por la ley recién aprobada. "Estamos preocupados, hemos expresado esa preocupación y seguiremos trabajando con las autoridades israelíes en este contexto", dijo Maja Kocijancic, portavoz de la alta representante para Asuntos Exteriores de la UE, Federica Mogherini.

"Hemos sido muy claros en lo que respecta a la solución de 'dos Estados' (uno israelí y uno palestino), que, creemos es el único camino a seguir. Cualquier paso que complique o impida que esta solución se convierta en realidad debería evitarse", sostuvo.

Por su parte, el primer ministro de la Autoridad Palestina, Rami Hamdalá, condenó la norma. "Esta controvertida ley es otro intento para destruir la identidad árabe palestina e institucionalizar y legitimar políticas de 'apartheid' en lugar de promover la paz", declaró. Además dijo que la ley es "es lo que faltaba para enterrar la solución de dos Estados".

La Liga Árabe juzgó que la ley es "peligrosa" y que consolida "prácticas racistas" y Turquía también la criticó ya que -dijo- "ignora los principios de la ley universal y los derechos de los ciudadanos palestinos e israelíes", según dijo la Cancillería. "El hecho de que la ley anuncie a Jerusalén, ocupada por Israel, como la capital no tiene efecto legal a ojos de la comunidad internacional", señaló el ministerio y añadió que esto "elimina la visión de la solución de dos Estados".

La Fiscalía General del Estado de Israel había advertido sobre las consecuencias internacionales de la aprobación del texto original de la ley y también el presidente Reuven Rivlin se había pronunciado en contra de la discriminación de la minoría árabe.

La nueva ley también recibió críticas internas del partido gobernante Likud. El diputado Benny Beguin, hijo del fundador de Likud y ex primer ministro Menáhem Beguin, se abstuvo en la votación y alegó que la ley en su forma actual vulnera los derechos de la minoría árabe. "Esta es una decisión que no habría esperado por parte de la dirección de Likud", aseguró.

Agencias DPA, Reuters y ANSA

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