Jueces piden cambio en el Código Penal (aparecen críticas)

Julio Alak

Más de 200 jueces de todo el país enviaron un pedido al ministro de Justicia, Julio Alak, para comenzar a debatir sobre distintas reformas en la Justicia Penal. El documento incluye críticas puntuales al sistema actual: lo tilda de ineficiente, lento, con distintos condicionamientos y «obsoleto para investigar delitos complejos». La solicitud proviene de un think-thank de buena sintonía con el Gobierno y entre las modificaciones propone mayores atribuciones a los fiscales y nuevas herramientas de control ciudadano.

El escrito fue presentado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que cuenta con el apoyo de figuras del derecho cercanas al kirchnerismo como el académico David Baigún, el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y los exfuncionarios del área de Seguridad, León Arslanian y Alberto Binder. El documento presenta críticas puntuales de índole práctico. Señala las demoras entre la producción de los hechos y la decisión sobre los mismos que hacen los jueces, los condicionamientos que sufren los juicios orales por la etapa de instrucción y la cantidad de presos sin condenas firmes. En otro aspecto remarca la falta de adecuación entre la Constitución y los tratados internacionales a los que ésta suscribe.

No son observaciones desconocidas para el Gobierno. En más de una ocasión Cristina de Kirchner ha conversado, en reuniones en Olivos, sobre estos asuntos con representantes del INECIP. Esto también ha dado lugar a una suerte de discrepancia intelectual dentro de los sectores kirchneristas que incursionan en el terreno judicial. Mientras el secretario de Justicia, Julián Álvarez, suele emplear la palabra «reforma» para sugerir cambios en el sistema actual, otros exponentes, como Arslanian, prefieren hablar de una «modernización» del Poder Judicial. La línea divisoria es muy delgada: se entiende que las propuestas de los primeros tienen una mayor carga política y que suele hacer referencias a la llamada «corporación judicial», mientras que los segundos son más académicos del derecho.

El pasado viernes, luego de recibir el escrito, en la calle Sarmiento más de un funcionario recordó el proyecto de ley que había redactado en su momento el exsenador Nicolás Fernández, hombre que supo tener línea directa a Olivos y que solía ser un punto de referencia para el tema. Su proyecto, que proponía el juicio por jurados en la instancia oral (idea a la que Cristina de Kirchner ha suscripto públicamente), contenía observaciones similares a las que llegaron con la firma de los magistrados.

Entre los cambios propuestos por los jueces figuran: audiencias públicas durante el proceso de instrucción, una distribución más equitativa del trabajo en los organismos judiciales y mayores atribuciones a los fiscales al momento de la investigación.