Juez pide a Macri informe sobre espías

Norberto Oyarbide

El juez federal Norberto Oyarbide pidió ayer a la Jefatura de Gabinete del Gobierno porteño que informe en 48 horas la identidad de 40 ex policías de Inteligencia de la Federal que habrían tramitado el pase a la fuerza de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la causa que investiga las intervenciones presuntamente ilegales a los teléfonos del empresario Carlos Ávila y de Sergio Burstein, integrante de la Asociación de Familiares de las Víctimas del Atentado a la AMIA.

El magistrado requirió al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, un listado de los ex oficiales federales que pidieron la baja para incorporarse a la Metropolitana. El informe deberá incluir los pases a la fuerza policial o cualquier otro que se haya registrado hacia algún área del Gobierno porteño.

Según calculan en el juzgado, habría 40 ex policías federales del área de Inteligencia incorporados a la fuerza porteña. Esta línea de la pesquisa también apunta a precisar dónde trabajarían estos oficiales y qué tipo de contrato habrían firmado con el Gobierno de la Ciudad.

En el caso de Ciro Gerardo James, principal imputado en el caso de las escuchas, el supuesto espía tuvo dos contratos por $ 57 mil, por locación de servicios en el Ministerio de Educación. Desde un principio, la investigación de Oyarbide apuntó a la supuesta relación entre el ex policía, que se encargaba de trasladar los casetes de las escuchas a Misiones, donde se habían ordenado, y habría sido quien dio el dato de los teléfonos de Burstein y Ávila, y el ex jefe de la Policía porteña, Jorge Palacios. La denuncia que inició la causa se refería a un llamado anónimo a Burstein, en el que se le advirtió que Palacios lo habría estado espiando.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, admitió la semana pasada que había incorporado 20 ex oficiales del cuerpo de Inteligencia Criminal de la fuerza federal, si bien aclaró que no iban a hacer inteligencia interna, sino pesquisas sobre delitos comunes y contravencionales. Esta información, junto con la solicitada ayer, apuntan a indagar sobre la posible conformación de una estructura de inteligencia en el Gobierno porteño. En ese caso, el accionar de James podría ser parte de un sistema más general.

Por otro lado, en el juzgado también están analizando las pruebas para indagar el próximo martes 10 de noviembre a los jueces de Misiones que ordenaron las escuchas, Horacio Gallardo y José Luis Rey, y a la secretaria del juzgado de esa provincia, también citada por Oyarbide.

Además de James, la causa tiene otros tres policías de Misiones procesados por los presuntos delitos de «falsedad ideológica, violación de secreto y usurpación de títulos».