Jueza argentina no habilitó pedido antibuitre

La jueza en lo Contencioso Administrativo federal Liliana Heiland rechazó ayer levantar la feria judicial para tratar un pedido del exdiputado Mario Cafiero quien solicitara una cautelar que inste al Gobierno a no acatar sentencias de tribunales extranjeros referidas al pago a los holdouts.

El rechazo fue casi instantáneo. El planteo de Cafiero resultó absolutamente insustancial para la jueza y ni siquiera influyó la proximidad de los plazos hacia un nuevo default. El exdiputado olvidó mencionar en su escrito que la Argentina aceptó las jurisdicciones de los tribunales de Nueva York con lo cual las decisiones del juez Thomas Griesa tienen el mismo peso que la de cualquier magistrado local. Algo similar sucede con los acuerdos del Estado con firmas extranjeras que invierten en el país y que han fijado como escenario para eventuales conflictos los tribunales de París, Londres o Nueva York.

Amparo

La ley de amparos 16.986 regula estas cuestiones en el artículo número 2 cuyos incisos explican la determinación de la jueza y del fiscal del caso. El planteo de Cafiero es parte de un amparo presentado para que la Justicia federal declare la "nulidad absoluta e insanable, por manifiesta inconstitucionalidad, de la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros en materia de deuda pública del Estado Nacional". Ahora cualquier decisión deberá esperar hasta la semana que viene cuando, todo indica, el pedido será formalmente desestimado.

Meses atrás la Corte Suprema de Justicia se expresó contra el pedido de convalidar en el país una sentencia del juez Griesa que condenó a la Argentina a pagarle al fondo Claren Corporation 7,5 millones de dólares en concepto de capital e intereses por bonos defaulteados en 2001. "La pretensión del accionante implicaría convalidar que éste, a través de una acción individual promovida ante un tribunal extranjero, eluda el proceso de reestructuración de la deuda pública dispuesto por el Estado argentino mediante las normas de emergencia dictadas por las autoridades competentes de acuerdo con lo establecido por la Constitución nacional", remarca el fallo. En esa ocasión Claren había contado con el patrocinio letrado de Horacio Liendo, exasesor de Domingo Cavallo durante el último Gobierno radical.