Jury a Freiler empieza el 24-O

El suspendido camarista Eduardo Freiler fue citado para el próximo 24 de octubre en lo que será el inicio del juicio político en el que se decidirá si es removido de su cargo acusado de mal desempeño de sus funciones. La fecha fue fijada por el Jurado de Enjuiciamiento, que también cursó notificaciones para quienes representan a la parte acusadora, los consejeros de la Magistratura Pablo Tonelli (PRO) y Miguel Piedecasas, y al abogado de la defensa, José Olivares. Como testigos, en la misma resolución fueron citados Martín Ricardo Di Paola, el abogado Guillermo Lipera y uno de los denunciantes, Ricardo Monner Sans para que declaren en el caso a partir de las 14 de ese mismo día. El jurado desestimó los pedidos de Freiler para llamar como testigos a los senadores Ruperto Godoy y Mario Pais, cuyo enroque posibilitó la ventana que aprovechó el oficialismo para que con un consejero menos, no hiciera falta el noveno voto clave para votar su suspensión y envío a juicio político, y que tan solo con su propio bloque lograra los dos tercios en una maniobra. No será obligatorio que Freiler comparezca el día del inicio del juicio, en cambio si no concurre su abogado, se le designará un defensor oficial, indicaron fuentes judiciales. Freiler, quien sostuvo que su pedido de juicio por mal desempeño "es una maniobra coordinada" entre la Corte y el Consejo de la Magistratura, "articulada por el Ejecutivo", presentó una acción de amparo y pidió una medida cautelar para seguir ejerciendo sus funciones, sin embargo, su primer pedido naufragó. En esa causa el fondo de la cuestión no fue resuelto, pero el juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari, tras evaluar un informe del Consejo, desestimó la medida que lo hubiera repuesto en su cargo. Freiler aseguró que el trámite en el Consejo "estuvo plagado de irregularidades que afectaron los principios de legalidad y razonabilidad que deben imperar en un proceso disciplinario" y más "cuando quien se investiga es un magistrado, en tanto se pone en juego y riesgo la independencia judicial".