Justicia suspendió permisos de obra

La Justicia, en un fallo a favor de un grupo de legisladores porteños de distintas bancadas, decidió hacer lugar a una medida cautelar para frenar la construcción y el permiso de obra para nuevos edificios, como lo previene una ley que aún no está sancionada definitivamente. La medida es para una zona de los barrios de Villa Pueyrredón y Agronomía.

El fallo apunta a la mecánica de votación que tienen las leyes referidas al planeamiento urbano, que deben sancionarse, luego pasar por una audiencia pública y ser aprobadas nuevamente para finalmente ser promulgadas.

Cuando se trata de delimitar las construcciones, suele suceder que, entre la salida del despacho de comisión hasta la sanción final, lapso que se extiende varios meses, se desata un inusual pedido de permisos de obra anticipándose al veto a las inversiones que vendrá. Por eso la Justicia, en este caso, decidió aplicar la suspensión aun cuando la norma no ha sido aprobada en su segunda lectura, y tras más de cuatro meses de su sanción incial.

Los legisladores Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica), Eduardo Epszteyn (ibarrismo), Juan Cabandié (kirchnerismo) y Adrián Camps (Pino Solanas) impulsaron la medida judicial sosteniendo «la defensa de criterios urbanísticos ambientalmente sustentables» en la Ciudad ante el juzgado porteño a cargo de Andrea Danas. La magistrada ordenó suspender el registro u otorgamiento de permisos de obras nuevas o ampliaciones en el trazado que incluye la avenida Salvador María del Carril entre la calle Campana y Constituyentes, y desde La Pampa, entre Constituyentes y la calle Burela.

Sánchez Andía, presidente de la Comisión de Vivienda, consideró que «el fallo pone un límite a la especulación inmobiliaria en la Ciudad», y Epszteyn, uno de los autores del proyecto, destacó que «esta consideración que suspende todos los permisos de obra que se hayan presentado hasta el momento, antes de la aprobación definitiva de la ley marca un precedente fundamental para otras situaciones similares».

La jueza sostuvo que «teniendo en cuenta el interés público comprometido en la preservación del medio ambiente, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada».