La Corte blinda las escuchas legales con ayuda del Congreso

• LOGRÓ APOYO DE OFICIALISMO Y OPOSICIÓN EN LA PUJA CONTRA LA CASA DE LOS ESPÍASDemostración de fuerza de la Corte para mantener control de las escuchas telefónicas judiciales. La AFI quiere retomar las pinchaduras y no mandó representante.

Delegación. Los federales estuvieron en la presentación encabezados por María Servini de Cubría, Ariel Lijo y Sebastián Casanello.

La Corte Suprema de Justicia buscó blindar, con el escudo del Congreso Nacional y de las primeras líneas del Gobierno, el mantenimiento bajo su órbita del sistema de escuchas telefónicas. Como telón de fondo, se trató de una demostración de fuerza ante la silenciosa pulseada que la cabeza del Poder Judicial mantiene con la Agencia Federal de Inteligencia, que puja por retomar el control de las pinchaduras legales. En un acto en el que participaron todos los miembros del máximo Tribunal, senadores y diputados, jueces federales y titulares de las principales Cámaras de Apelaciones del país, se firmó un convenio "para garantizar la transparencia" de las escuchas judiciales mediante auditoría parlamentaria. En paralelo, los supremos firmaron una acordada para crear una nueva estructura que apuntalará las funciones en esta especialidad, que hasta ahora sólo tenían asignada por un decreto presidencial que las sacó de la Procuración General.

Con una participación récord de figuras institucionalmente relevantes tanto del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, el Salón Gorostiaga del Palacio de Justicia fue el escenario de la firma del convenio que solidifica las funciones de control sobre el Edificio de Avenida de los Incas, histórico bastión de la exSIDE. A todos los miembros de la Corte, acompañaron Emilio Monzó (presidente de la Cámara de Diputados); el senador Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey por el peronismo, junto al consejero y senador radical, Ángel Rozas. Pero también Graciela Camaño, diputada del Frente Renovador y ahora encargada de la comisión parlamentaria que auditará a la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó. Lo mismo que el jefe de bloque PRO, Nicolás Massot, el radical Mario Negri, el titular del Bloque Peronista Diego Bossio, Victoria Donda (Libres del Sur), el ex K Omar Plaíni y el exsenador Ernesto Sanz, uno de los armadores de Cambiemos. El abanico pluripartidario fue la garantía que la Corte ofreció para transparentar los procesos que llevará a cabo en el nuevo organigrama creado para hacerse cargo de las escuchas. En diciembre, y a través del decreto 256/2015, Mauricio Macri le quitó al Ministerio Público Fiscal toda la estructura de intervenciones telefónicas por orden judicial -que había sido, a su vez, quitada por el kirchnerismo a la exSIDE por ley-, en un gesto para restarle poder a Gils Carbó.

Ayer, con una acordada, la Corte cimentó su intención de conservarlas, mediante la creación de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación. Dentro de ese nuevo organismo funcionará la oficina de Captación de Comunicaciones, con intervención regulada en "casos de tráfico ilegal de estupefacientes y precursores químicos, trata y explotación de personas, secuestros extorsivos, criminalidad económica, lavado de activos, y, en el marco de delitos complejos, crimen organizado y de carácter transnacional, financiamiento del terrorismo y delitos ambientales". Será estratégico determinar quién quedará a cargo de la AFI no estuvo presente ni Gustavo Arribas ni la señora 8, Silvia Majdalani. Después de haber logrado que todo su presupuesto (de $1.450 millones) fuera secreto, el objetivo que se fijó "La Casa" era, precisamente, recuperar las escuchas.

En segunda fila y como único representante del área de inteligencia, estuvo Sebastián De Stefano, hombre de Daniel Angelici, encargado de la estratégica área de Judiciales de la Agencia. Nadie participó del Ministerio de Seguridad, lo que contrastó con la alta presencia de miembros del Gobierno como el ministro de Justicia Germán Garavano, el titular de la AFIP, Alberto Abad, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad o la cúpula de la UIF. La Policía Federal de la Capital, la Metropolitana, la PSA, Prefectura y Gendarmería enviaron representantes. Nadie del Ejército fue convocado. Donde se mostró el poder de convocatoria para el acto de firma del convenio fue con los jueces de Comodoro Py. Asistencia casi perfecta de los de primera instancia: María Servini, Ariel Lijo, Julián Ercolini, Sergio Torres, Sebastián Ramos, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi, Luis Rodríguez, Daniel Rafecas, y Rodolfo Canicoba Corral. Esa nómina la completaron integrantes de la Cámara Federal y de Casación Penal, junto a los representantes de las Cámaras Federales más significativas dentro de la base de poder de Ricardo Lorenzetti en la Corte.