Los alegatos orales comenzarán en abril y se espera que el máximo tribunal estadounidense tome una decisión en junio, cuando la campaña electoral habrá entrado en la recta final.
Tras cerrar la semana pasada sus deliberaciones al respecto sin una decisión, la Corte anunció ayer su intención de estudiar la apelación presentada por la Casa Blanca para poder aplicar las medidas migratorias decididas por decreto, que debían haber entrado en vigor el año pasado. La determinación fue una victoria para el Gobierno, dado que son pocos los casos que la Corte admite en apelación cada año.
Esas medidas, anunciadas por Obama en noviembre de 2014, fueron bloqueadas en febrero de 2015 a raíz de una demanda presentada por 26 estados, en su mayoría gobernados por republicanos, liderados por Texas, y que argumentaron que el plan excedía la autoridad que la Constitución otorga al presidente.
Se espera que los jueces de la Corte Suprema escuchen los argumentos del caso en abril para adoptar un fallo hacia finales de junio, apenas un mes antes de las convenciones demócrata y republicana que consagrarán a los candidatos presidenciales que competirán en noviembre.
El asunto de la inmigración, y en particular los decretos de Obama, son uno de los temas más ásperos en esta campaña electoral, sobre todo de cara a las primarias que comenzarán el mes que viene.
La mayoría de los precandidatos republicanos a la Casa Blanca se opone a esas medidas, que benefician a los indocumentados, y es Donald Trump el más extremista, al punto que prometió deportar a todos los indocumentados del país y levantar un muro en la frontera con México.
En tanto, los aspirantes demócratas prometen ir incluso más lejos que el actual presidente para reformar el sistema migratorio.
El plan migratorio presentado por Obama en noviembre de 2014 consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA), cuyo objetivo es evitar la deportación de los jóvenes "dreamers" (soñadores) que llegaron a EE.UU. de niños y acompañando a sus padres indocumentados.
La otra parte del plan es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
En febrero pasado un juez federal de Texas bloqueó las medidas de Obama a raíz de la demanda presentada por los 26 estados conservadores y en noviembre la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener la suspensión.
Obama, en tanto, apoyado por una coalición de 15 estados favorables a las medidas migratorias, presentó entonces una apelación ante el máximo tribunal.
En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, señaló que el plan migratorio de Obama tendría un "impacto práctico y positivo" no sólo para cientos de miles de familias, sino también para la economía nacional.
El portavoz comentó, asimismo, que las medidas del presidente "no absuelven" al Congreso de la responsabilidad de actuar para reformar globalmente el sistema migratorio, y recordó que el mandatario avanzó sólo hasta donde le permiten sus poderes ejecutivos.
Activistas y organizaciones de indocumentados recibieron ayer con optimismo la decisión de la Corte.
En estas últimas semanas el Gobierno de Obama había recibido duras críticas de activistas y políticos demócratas por el inicio de una campaña de redadas y la deportación de al menos 121 inmigrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos.
En respuesta, el secretario de Estado, John Kerry, adelantó la semana pasada los planes de "expandir el programa de admisión de refugiados" para incluir a ciertos inmigrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras que huyen de la violencia en sus países de origen, con la colaboración de la ONU.
| Agencias DPA, EFE, |
Reuters y ANSA
Dejá tu comentario