La Corte mueve sin adelantar criterios antes de tiempo

El paquete de leyes para reforma judicial que el Gobierno promueve en el Congreso motivó ayer largas conversaciones en la Corte Suprema en los martes de acuerdos. Las cuestiones operativas respecto de la administración del Poder Judicial generaron las dudas en el tribunal que fueron tema de la carta enviada la semana pasada a la Cámara de Diputados. Éstas fueron elaboradas por la junta que nuclea a los presidentes de las cámaras federales de todo el país, anotaciones que ayer tuvieron su efecto en el debate legislativo (ver nota aparte).

En el acuerdo de ayer, que reunió a todos los ministros, se recordó que no es la primer nota de la Junta de Cámaras que preside el titular de la Casación, Gustavo Hornos. La primera fue hace quince días y planteó inquietudes respecto de los proyectos que tratan sobre la reforma de las mayorías reglamentarias del Consejo y las cuestiones de superintendencia propias de las cámaras que pasarían a la Magistratura.

La segunda nota, que recibió Julián Domínguez, es de carácter técnico y la Corte decidió enviarla para cumplir un rol netamente institucional. "Esa no es nuestra opinión. Todavía falta para que ésta sea emitida, deben votarse y reglamentarse las leyes. Luego se verá, pero hasta ese momento, todo será futurología", consensuaron los justices. Esperable, para evitar cualquier tipo de recusación cuando los planteos de inconstitucionalidad lleguen al cuarto piso de la calle Talcahuano. Ricardo Lorenzetti ya ha dado alguna señal entre líneas cuando hace dos semanas pidió tranquilidad y sostuvo que "la Corte va a defender la Constitución".

El traspaso de facultades de la Corte al Consejo prevista en los proyectos girados al Congreso altera los ánimos, especialmente por cuestiones de tipo operativo. Para los ministros, el Consejo nunca funcionó en forma óptima por el hecho de que tiene un estilo de gestión tan dialogado -repartido en comisiones y plenarios- que genera largas demoras.

La nota de los camaristas también implica un mensaje que comparten: la Corte no puede ser un mero tribunal, y para ser la cabeza de un poder de Estado se requiere de facultades de superintendencia.

Las críticas también parten del derecho comparado. Ayer recordaban que el Consejo es un órgano propio de los poderes judiciales europeos insertado en un sistema cuya preponderancia es propia del derecho anglosajón. Con marcada expresión de deseos, comentaron el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, en la cual los jueces se ocupan de tratar expedientes y leer jurisprudencia mientras un management altamente especializado se ocupa enteramente de los vaivenes administrativos.

Realizaron además una rápida radiografía de aquellas funciones que por ley le corresponderían al Consejo pero que, ante las demoras operativas, debió tomar la Corte: informatización, archivo general y subastas. Esto último alentó la ironía de un justice: "Pensar que ese traspaso lo votaron y defendieron tanto Diana Conti como Carlos Kunkel". Anécdotas que sirvieron para concluir en que Cristina de Kirchner no ignora los problemas de funcionamiento del órgano colegiado.

Preocupa también en la Corte que las subrogancias pasen a la órbita del Consejo en caso de que se apruebe el proyecto, especialmente en los casos de lesa humanidad, que para los ministros no admiten largas demoras. La cobertura de las vacantes para juzgar causas sensibles se tramita actualmente en la Secretaría General de la Corte e implica, en algunos casos, gestiones directas de sus integrantes.

Los ministros ya descuentan la judicialización de la discusión legislativa. Saben que empleados, abogados y jueces interpondrán demandas, saben que deberán tratar la constitucionalidad de la reforma y, por eso, evitar prejuzgamientos: "Las posiciones políticas pueden ser muy válidas, pero cuando debamos intervenir el debate no será político, sino constitucional, como ha sido siempre", remató uno de los supremos ayer.