La Corte organiza task force para la crisis de seguridad

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Sergio Berni, Juan Carlos Maqueda

La Corte Suprema de Justicia retomó ayer las conversaciones sobre seguridad y narcotráfico en el acuerdo que mantuvieron los ministros. Para los justices, el tema no se trató simplemente de un golpe de efecto sino de una problemática que exigirá un compromiso institucional del máximo tribunal. Para esto se esbozaron posibles respuestas y cursos de acción que ya anticipan el surgimiento de nuevos espacios desde los cuales el tribunal seguirá marcando agenda.

Los cambios en el gabinete anunciados el pasado lunes por Cristina de Kirchner también dieron lugar a comentarios más reservados, aquellos que suceden lejos del hermetismo del salón de acuerdos.

La elección de Jorge Capitanich como jefe de Gabinete tuvo una tónica especial en la vocalía de Juan Carlos Maqueda, que lo conoce de su paso como presidente del Senado en 2002 y 2003 donde el ahora exgobernador chaqueño supo ocupar una banca.

Ambos debieron protagonizar, y salir indemnes, de una trama álgida que se sucedió en 2002, cuando un matutino londinense publicó que un grupo de senadores argentinos habría solicitado coimas a altos ejecutivos de la banca extranjera. Se abrió una investigación en el fuero federal que fue llevada a cabo por el juez Claudio Bonadío (el fiscal era Guillermo Marijuán) y durante la cual Capitanich confirmó la existencia de las reuniones, pero dijo que éstas habían sido transparentes. En esa ocasión Maqueda como presidente del cuerpo había alentado la investigación e incluso llegó a deslizar que para él "algo hubo". El entonces senador Capitanich recogió el guante y se alineó con el entonces titular del cuerpo: "Si ésa es la sospecha generalizada, tenemos que investigar y necesitamos la cooperación de todos. Si alguien sabe, lo tiene que decir".

Meses más tarde, Maqueda era promovido por Eduardo Duhalde a su actual cargo en la Corte. Detalles para tener en cuenta en los próximos meses, especialmente por las firmas del jefe de Gabinete que el tribunal suele requerir en materia presupuestaria, como, por ejemplo, el otorgamiento de aumentos a los empleados del Poder Judicial.

Los ministros creen que el desembarco en los issues de seguridad podría requerir de un despliegue similar al de la Comisión Interpoderes, que reúne a representantes de la Corte con jueces, legisladores y funcionarios para tratar asuntos referidos a causas de derechos humanos.

Este grupo es impulsado desde la Corte, atiende allí el secretario Alfredo Kraut, y su dinámica sería conveniente para monitorear las políticas que se implementen a partir del clamor de los jueces del Norte y de la Iglesia.

Un atajo necesario para mantener el tema en agenda ya que la Corte en sí misma está atada en cuanto a implementar mejoras: los recursos edilicios y los nombramientos de jueces pasan por el Consejo de la Magistratura mientras que los controles y el movimiento de efectivos se deciden desde la cartera de Seguridad.

La idea de una comisión tiene más hándicap que la creación de una estructura dirigida desde la Corte y encabezada por un juez externo como fue el caso de la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo, que por cierto no terminó del todo bien (el juez a cargo debió ser separado ante un informe demoledor de la Auditoría General de la Nación).

Si bien todavía en la Corte no se discutieron los integrantes de la posible comisión, el nombre que figura en algunos borradores es el del juez federal Sergio Torres, quien se ha transformado, por las causas en las que intervino, en una suerte de referente para cuestiones de narcotráfico y marginalidad. Además, es un magistrado que reúne varios vistos buenos en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

La experiencia más reciente de este tipo, y que es conocida en la Corte, es la comisión que estructuró la Casación Penal para seguir de cerca la situación carcelaria: juegan allí funcionarios del Ministerio de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración Penitenciaria, la Procuración General y los propios jueces.

La dinámica de este grupo es que, en diversas ocasiones, los propios jueces realizan visitas sorpresivas a las unidades carcelarias.

Una intervención directa sobre el terreno que poco tendría que ver con las palabras de Sergio Berni, quien la semana pasada dio a entender que a los jueces les asusta ir a la frontera en el norte del país. Los justices entienden que Berni conoce la gravedad de la situación, pero que a veces prefiere recurrir a la sobreactuación.