Una confluencia de actos por los derechos humanos inundó ayer el centro porteño de jueces, fiscales, legisladores, funcionarios de Gobierno y artistas. Un informe sobre la situación de los juicios de lesa humanidad, un consejo de notables en apoyo a la candidatura al premio Nobel de la Paz de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y unas jornadas, que se parecieron más a una cumbre judicial kirchnerista, fueron los puntos de encuentro. De la Corte al Congreso y del Congreso al Teatro Cervantes, donde cerró Cristina de Kirchner con un discurso aleccionador sobre los deberes de los jueces y predicciones para la Justicia del próximo centenario. El hombre de más largo aliento fue el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, protagonista de los tres actos.
La Corte Suprema, el juez Baltasar Garzón, el titular de la CGT, Hugo Moyano y Cristina de Kirchner convocaron ayer, en diferentes actos, a funcionarios judiciales y políticos. La jornada cerró con un discurso de la Presidente, en el que pidió «una Justicia que equilibre el inmenso poder de los grupos económicos».
La Sala de Audiencias del Palacio de Justicia estuvo ayer por la mañana abarrotada de jueces, legisladores, integrantes de organismos de derechos humanos y políticos para escuchar al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, informar sobre el estado de las causas de lesa humanidad en la Argentina. En realidad, la que aportó datos fue la responsable del portal de internet del máximo tribunal, que no habló del estado de las causas, sino más bien cómo seguía la página esos procesos. Por suerte, el material entregado sí detallaba el avance de estos juicios.
Desde el estrado, escuchaban la disertación de la periodista el presidente de la Corte, los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, acompañados por Alak, la defensora oficial Stella Maris Martínez, el procurador General de la Nación, Esteban Righi, y el titular del Consejo de la Magistratura, el juez Luis Cabral. Notable ausencia de los ministros Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Eugenio Zaffaroni, todos camaristas durante el último Gobierno militar.
El cierre del acto estuvo a cargo de Lorenzetti, quien destacó los avances que se habían realizado en estos juicios y aseguró que son «uno de los procesos por delitos de lesa humanidad más importantes del mundo». Remarcó aciertos -como la comisión interpoderes que desde hace un año coordina estas causas- y reconoció las resistencias de algunos sectores del Poder Judicial en un principio. Así, destacó que el reclamo de justicia de la sociedad argentina «y no de ajusticiamiento» fue «un proceso social que tuvo como reflejo un proceso institucional».
«No hay marcha atrás, porque es una idea que ha madurado», enfatizó el presidente de la Corte a modo de cierre, y agregó que «los juicios de lesa humanidad no dependen de una coyuntura, no dependen de una elección (...) están hoy dentro del contrato social de los argentinos». Entre el público aplaudían el secretario de Justicia, Héctor Masquelet; el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; los jueces federales Daniel Rafecas, Rodolfo Canicoba Corral, Ariel Lijo y Julián Ercolini; el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, y representantes de organismos de derechos humanos.
Sin duda, la presencia que generó más impacto fue la del juez español Baltasar Garzón (a punto de ascender al rango de «celebrity judicial» en la Argentina), a quien el público aplaudió entusiasmado cuando fue nombrado por Lorenzetti en su discurso. Su férrea seguridad (integrada por 15 personas) tampoco pudo evitar el besamanos espontáneo que se formó a su alrededor al terminar el acto. Los primeros en acercarse fueron los diputados Martín Sabbatella (que no lograba parar de hablarle), Héctor Recalde y el opositor Francisco de Narváez.
La curiosa ausencia de radicales en el acto de la Corte se reprodujo hacia el mediodía en el Congreso, donde se presentó al «consejo de notables» que auspiciará la candidatura de las Abuelas de Plaza de Mayo al premio Nobel. Segunda aparición en el día de Alak y Garzón, quienes estuvieron acompañados por la legisladora chilena Isabel Allende y el senador kirchnerista Daniel Filmus (organizador de la iniciativa).
El consejo convocado por el oficialismo cumple todos los requisitos de una multisectorial en apoyo de la agrupación: lo integran desde el juez suspendido español y Pérez Esquivel hasta los cantautores Joan Manuel Serrat, Ismael Serrano, León Gieco, el músico Gustavo Santaolalla, el animador Ricardo Forster y el ex director del Buenos Aires Herald Roberto Cox (quien también estuvo en el acto de la Corte).
La ausencia de los radicales, impulsores del juicio a la Junta Militar y la creación de la Conadep (proyecto en el cual el peronismo se negó a participar), estuvo contrabalanceada por el peronismo, en camino a padecer un revisionismo crónico que intenta borrar los indultos dictados por Carlos Menem o la falta de propuestas de Ítalo Luder para tratar los delitos cometidos durante el último Gobierno militar, a partir de este tipo de iniciativas.
Un revisionismo que también estuvo presente en las jornadas de la «Justicia del Bicentenario», organizadas por el sindicato de empleados judiciales en el Teatro Cervantes. El evento no podría haber sido mejor para el titular del sindicato, Julio Piumato: hasta se dio el lujo de que lo cerrara Cristina de Kirchner, escoltada por Alak (tercera aparición), Zaffaroni (que sí asistió a este acto) y el titular de la CGT, Hugo Moyano, cuyos conocimientos para integrar la mesa sobre independencia judicial eran desconocidos hasta ayer.
La música de León Gieco, las citas de Serrat y el merchandising de la Unión de Empleados del Poder Judicial acompañaron unas jornadas en las que se habló de una nueva Argentina y se criticaron los reclamos de independencia que sistemáticamente hace el Poder Judicial. «La independencia del Poder Judicial se convirtió en una patología que sirve para los jueces que hacen un uso bastardo del derecho y termina afectando la administración de Justicia. Ése es el gran debate que se viene», asestó el fiscal general de la Unidad de DD.HH., Jorge Auat. Sus afirmaciones fueron secundadas por la diputada oficialista Diana Conti, no tan filosa en esta oportunidad como los altos stilettos en los que estaba subida ayer. Más carismático y aplaudido, el abogado laboralista y diputado oficialista Héctor Recalde derrochó críticas a la oposición, elogios al Gobierno y chistes de salón a su turno.
La Presidente cerró el acto, más parecido a una cumbre partidaria que a unas jornadas, y no perdió oportunidad de dar cátedra a los jueces, al asegurar que «la Justicia tiene sobre todo el gran rol de equilibrar el inmenso poder de los grupos económicos concentrados frente a la sociedad». Agregó que si se cumplieran las leyes, «tendríamos una sociedad más segura». Se quejó por el uso de los amparos y recordó los cruces de verano con la Justicia, a raíz de la Ley de Medios y el uso de las reservas del Banco Central, dos heridas al orgullo kirchnerista (en la práctica pudieron concretar las medidas) que todavía no terminan de cerrar.
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