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La Fiscalía pone a Lula en su mira por el “mensalao”
Luiz Inácio Lula da Silva ha estado a salvo del escándalo del «mensalao» en buena medida debido a su enorme popularidad. La acusación de que usó dinero de esas coimas para fines personales podría cambiar ahora su suerte.
Las declaraciones oficiales tuvieron lugar después que el diario O Estado do Sao Paulo publicara que el fiscal Roberto Gurgel ya había analizado las denuncias contra Lula por el publicista Marcos Valério, y resuelto remitirlas al Ministerio Público para que fueran investigadas.
De acuerdo con el medio, Gurgel habría optado por enviar el pedido de investigación a la primera instancia del Ministerio Público, y no a la Fiscalía, debido a que Lula ya no es presidente de Brasil ni tiene un mandato popular actualmente, por lo que no goza de privilegios.
Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía informó que Gurgel «aún no realizó el análisis» de las declaraciones de Valério, y que por tanto «aún no hay ninguna decisión en relación con una posible investigación del caso». Según la nota, Gurgel sólo comenzará el análisis de esas denuncias una vez que concluya el «juicio del siglo», que está pendiente de posibles recursos que presenten los 25 condenados, cuyas penas de cárcel suman cerca de 280 años.
Valério fue condenado a más de 40 años de prisión por el Supremo Tribunal Federal (STF), que lo acusó de ser el «operador financiero» del esquema de pago de sobornos a parlamentarios y desvío de dinero público comandado por el oficialista Partido de los Trabajadores (PT).
En septiembre pasado, el publicista se presentó voluntariamente ante la Fiscalía con el fin de obtener una eventual reducción de la pena a cambio de brindar más información sobre el escándalo. En la ocasión también solicitó protección para él y su familia, por temor a represalias.
En sus declaraciones, afirmó que Lula no sólo avaló la maniobra de «compra» de votos a parlamentarios aliados, sino que además usó parte del dinero obtenido ilegalmente para gastos personales.
También denunció que un miembro del PT lo amenazó de muerte para evitar que formalizara sus denuncias, y que el partido gubernamental pagó a su abogado honorarios por casi dos millones de dólares para financiar su defensa en el juicio. Según el oficialismo, Valério buscaría una reducción de la pena.
A instancias de las acusaciones, los partidos opositores pidieron a la Justicia que se investigue la presunta vinculación de Lula con el escándalo.
Lula, a su vez, tildó las denuncias de «mentirosas»: «Yo no puedo creer una mentira, no puedo responder a una mentira», aseveró irritado al ser preguntado sobre el asunto.
Por su parte, el presidente del STF, Joaquim Barbosa, sostuvo que «la única salida era investigar». «El Ministerio Público, en materia penal, según nuestro sistema, no goza de prerrogativa para elegir el caso que lleva adelante, el caso que va a conducir. (El Ministerio Público) se rige por el principio de la obligatoriedad, tiene el deber de hacerlo», dijo Barbosa.
El «escándalo del mensalao» terminó en diciembre pasado en Brasilia con la confirmación de las condenas a 25 personas, entre ellas el exministro de la Casa Civil de Lula José Dirceu y otros tres importantes líderes del PT: el expresidente del partido José Genoino, el extesorero Delubio Soares y el expresidente de la Cámara baja Joao Paulo Cunha.
El pasado 19 de diciembre Gurgel había adelantado su intención de «analizar en profundidad» las denuncias contra Lula para evaluar si se debería de abrir una investigación.
No obstante, Gurgel aclaró que durante los siete años que duró la fase procesal del juicio se recibieron diversas denuncias sobre la presunta responsabilidad de Lula y nunca se halló «nada» que lo implicase en el caso.
En sectores del PT evalúan que posibles acusaciones ante Lula son un intento de sectores opositores para erosionar la imagen del presidente más popular de la historia, visto que el megajuicio de 2012 no impidió una victoria del PT en las elecciones municipales de octubre.
Agencias EFE, AFP, DPA y ANSA,
y Ámbito Financiero


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