La Haya: Uruguay violó tratado pero no contamina con papelera

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La Argentina logró ayer el mejor fallo posible en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). Además, está hoy parada ante el conflicto, leído como la posibilidad de que se desarrolló un polo pastero frente a las costas del río Uruguay mucho mejor que hace siete años. Así fue tomada ayer en el país la decisión final e inapelable que dieron los 14 jueces presentes de ese tribunal internacional, y desde ahora, ambos Estados se preparan para relanzar sus relaciones bilaterales.

Puntualmente, a los ojos argentinos, la CIJ dictaminó tres puntos fundamentales que se deberán respetar entre los dos Estados. En primer lugar, se determinó, sin atenuantes, que el país vecino violó el Tratado del río Uruguay. También se falló a favor de la continuidad de las operaciones de Botnia, pero bajo control binacional. La Corte dice que no encontró pruebas suficientes para determinar que existe contaminación, ni en las aguas, ni en el suelo, aire o visual; y tampoco afectación al turismo. Como consecuencia directa de esto, el Gobierno resalta que hacia atrás se impidió el desarrollo de un polo contaminante con al menos cinco plantas papeleras en el zona, y que hacia adelante no se podrá violar más el Tratado del río Uruguay.

El fallo fue leído ayer por Peter Tomka, el vicepresidente del tribunal y titular a cargo del anuncio del caso representando a los 14 jueces que intervinieron, bajo la atenta mirada de las delegaciones de ambos Estados; Susana Ruiz Cerruti encabeza la representación del país. Puntualmente a las 10 de la Argentina, los magistrados se fueron sentando en sus sillones para darle lugar al esloveno para que comience con la lectura de los fundamentos del caso. Algo más de dos horas diez minutos demandó el acto, hasta terminar con las definiciones de la causa. Antes, sin embargo, en cada capítulo mencionado se podía prever cuáles serían las sanciones y los perdones que la CIJ encontró en esta causa.

Los capítulos trascendentes desarrollados por la Corte de La Haya y las principales consecuencias políticas de la jornada de ayer fueron las siguientes:  

  • «Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay. Para los ojos argentinos, esta definición es la más importante de toda la lectura de Tomka. Implica que la principal causa de la protesta que inició el Gobierno de los Kirchner contra el país vecino resultó bien argumentada. La importancia de esta definición se verá en el futuro, ya que no se le perdonará a Uruguay otra violación similar, lo que limita todas sus acciones en al zona a una revisión junto con la Argentina, sin importar su tamaño. La violación se dio en unas diez oportunidades, al autorizar la instalación de Botnia, ENCE y la construcción del puerto de Botnia, y habilitar sucesivos permisos de construcción posteriores para terminar las obras para comenzar las operaciones. La última violación fue la autorización para que Botnia comience a trabajar. Según los jueces, en un fallo que terminó 13 a 1 a favor del país, Uruguay no transmitió sus evaluaciones o las transmitió luego de haber otorgado las autorizaciones para las dos plantas de celulosa. Para la Corte, «Uruguay dio prioridad a su legislación interna y no respetó su obligación de notificar a la Argentina a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)».

    En este punto, Uruguay no está obligado a pagar multas en dinero por el fallo negativo, ya que la Argentina renunció a este derecho desde un primer momento.

  • Botnia podrá continuar operando. Por 11 votos contra 3, la CIJ dispuso que no hay pruebas suficientes para determinar que exista daño ambiental, ni en las aguas ni en los suelos, luego del comienzo de las operaciones de Botnia. Sin embargo, el tribunal reconoce que a dos años de comienzo del funcionamiento de la pastera, no se pueden determinar los efectos contaminantes. Por esto se obliga a Uruguay a aceptar un monitoreo binacional permanente, integrado por funcionarios de la CARU, para garantizar que la actual situación «no contaminante» permanezca en el tiempo de vida útil de la planta (aproximadamente, 25 años). Lo mismo rige para los potenciales daños contra la flora y la fauna del lugar.

    Según los observadores del caso, para que efectivamente la CIJ pueda haber fallado a favor del país en este caso, se deberían haber presentado pruebas de la contaminación que, quizá, no existan. Sería difícil sin estos argumentos que desde la Corte, dependiente de las Naciones Unidas, se impida la construcción o se obligue a la reinstalación de una pastera financiada en un 80% con un préstamo del Banco Mundial (u$s 1.200 millones), defendida por la Unión Europea (UE), que no tuvo condena conjunta del Mercosur, y donde los daños no son visiblemente irrefutables.

  • No habrá, además, sanciones por otras acusaciones. Por 14 a 0 se desestimaron las presentaciones contra Botnia por daños visuales, contaminación aérea o efectos negativos para el turismo. En estos casos, la CIJ no determinó que no existan, sino que rechazó que estos temas deban ser definidos por la Corte. Igualmente, el resultado es negativo para las expectativas del equipo argentino y, fundamentalmente, los manifestantes de Gualeguaychú.  


  • Monitoreo conjunto. En una de las últimas conclusiones del fallo de ayer, «Uruguay tiene la obligación de continuar monitoreando la planta y asegurar el cumplimiento de la legislación interna y el estatuto de la CARU». Para la Argentina, esta decisión de la Corte resulta fundamental para impedir que en el futuro se puedan instalar otras plantas pasteras o de cualquier otra industria considerada contaminante, sin que haya una autorización y fiscalización desde Buenos Aires. Para el Gobierno de los Kirchner, con el conflicto llevado a La Haya y esta decisión del tribunal, se impidió la radicación de ENCE y Stora Enso y otras dos pasteras que estaban en los papeles originales de desarrollo de la zona, dado que buscaban aprovechar las bondades del puerto de Botnia en Fray Bentos.
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