La inclusión financiera (real) debe ser una política de Estado

• LA EXCLUSIÓN ES UN MECANISMO PROPAGADOR DE LA DESIGUALDADSe estima que en la Argentina unos 13 millones de adultos no poseen cuenta bancaria. Entre quienes la tienen, la mayoría es por cobro de subsidios.

Últimamente escuchamos hablar mucho acerca de la necesidad de promover la inclusión financiera, pero... ¿qué entendemos por inclusión financiera?. ¿Es comprar Lebac?, ¿es hacer un plazo fijo?, ¿es poder comprar en cuotas?, ¿significa que los bancos tengan que ganar más?

El concepto inclusión financiera es claramente amplio, "agradable" y muy utilizado; incluso diversas medidas que tienen otro tipo de fines hoy se justifican porque promueven la inclusión financiera.

Sin embargo resulta necesario detenernos y entender realmente a qué nos referimos cuando hablamos de inclusión financiera. En su formato más simplificado, la entendemos como el acceso generalizado (familias y empresas) a productos financieros (pagos, tarjetas, créditos, transferencias, instrumentos de ahorro, seguros, etc.). Consecuentemente, entendemos que hay exclusión financiera cuando hay segmentos que no pueden acceder a ellos.

¿Y por qué es importante que todos puedan acceder a productos financieros? Esencialmente porque otorgan mecanismos de ahorro, reducen tiempos, brindan coberturas, permiten planificar de una mejor manera el largo plazo y son una ayuda fundamental para hacer frente a contingencias inesperadas que todo hogar o negocio enfrenta.

Por eso es crucial entender que la exclusión financiera es un mecanismo propagador de la desigualdad. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando una empresa grande tiene acceso a crédito más barato que una pyme, o cuando un hogar vulnerable solo puede acceder a la financiera del barrio a tasas que más que triplican las del sistema financiero.

Por eso, los productos financieros no deberían ser sólo para los sectores más acomodados.

Más aún, el acceso a servicios financieros de ahorro y crédito ayuda a los más vulnerables a salir de la pobreza y a generar herramientas para no caer en ésta. A su vez, al posibilitar la inversión en negocios y la consecuente creación de empleos, los sistemas financieros inclusivos impulsan un crecimiento económico más sostenible y socialmente equitativo que los sistemas financieros fragmentados y exclusivos.

Lo cierto es que en el mundo hoy el debate está cerrado en cuanto a que la inclusión financiera es una pata central para lograr un desarrollo socialmente equilibrado. De hecho, a fines de 2015 se declaró la nueva Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS), y en la misma se posicionó en un lugar prioritario a la inclusión financiera mencionándola en cinco de sus 17 nuevos objetivos.

La inclusión financiera es entonces para el mundo un objetivo central, ya que la exclusión financiera que todavía existe es inmensa: el Banco Mundial estima que 2.000 millones de personas (40% de los adultos del mundo) no tienen acceso a los servicios financieros básicos y necesarios para protegerse contra las dificultades e invertir en su futuro. Para peor, mientras los excluidos son sólo el 11% de los adultos en las economías de ingresos altos, dentro de la población más vulnerable (adultos con ingresos inferiores a u$s2 al día), la misma asciende al 77%.

La Argentina, por su parte, tiene una deuda significativa en materia de inclusión financiera: en nuestro país no sólo se calcula que habría unos 13 millones de adultos que no poseen una cuenta bancaria, sino que, según reafirmó el Banco Mundial, una de cada cinco personas con cuentas bancarias en la Argentina las tiene sólo para cobrar subsidios y de éstas el 76% tiene el hábito de extraer todo apenas se ha depositado. Es importante tener presente esta caracterización y actuar en consecuencia ya que, por ejemplo, medidas bien orientadas (como la devolución del IVA a la Canasta Básica) no terminan teniendo el impacto buscado. Por estas razones es que en su momento abogamos por un mecanismo de transición en dicho régimen.

Pero dicho hábito no se limita únicamente a los receptores de planes sociales y subsidios: en el país el 80% de los empleados registrados que reciben sus haberes en una cuenta bancaria retiran la totalidad de sus salarios al momento de ser acreditados. El país debe avanzar en profundizar múltiples dimensiones de la inclusión financiera, lo cual implica indefectiblemente trabajar paralelamente en el sector ya bancarizado.

Todo esto no implica que en los últimos años no se hayan realizado importantes avances, como por ejemplo con el lanzamiento de cajas de ahorro simplificadas y tarjetas de débito sin costo, la autorización para la apertura de cajas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas de crédito a menores de 18 o la creación del ALIAS asociados al CBU, entre otros.

Sin embargo, para una real inclusión financiera se necesita más que medidas aisladas: es menester una hoja de ruta clara, con objetivos precisos y detalle de los medios para conseguirlos. Y más importante aún, que esa hoja de ruta sea un mapa que trascienda las gestiones, y que no pueda ser vulnerado por las marchas y contramarchas que caracterizaron el último medio siglo del país; es decir, que sea una política de Estado.

Otros países ya emprendieron este camino: desde 2010 más de 55 países han firmado compromisos relacionados con la inclusión financiera y más de 30 han implementado o están elaborando una estrategia nacional de inclusión financiera. Estudios internacionales señalan que el impacto aumenta cuando un país adopta una estrategia nacional de inclusión financiera. En la región, a octubre de 2015, países como México (2007), Brasil (2011), Colombia (2014), Ecuador (2013), Haití (2014), Paraguay (2014) y Perú (2015) ya han implementado estos compromisos.

Necesitamos entonces que la Argentina desarrolle una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) propia, y compromiso a largo plazo con ella como una pata más para el camino de desarrollo inclusivo que debemos transitar.

Contar con una política explícita situará el tema de inclusión financiera en el mismo nivel de importancia que otras prioridades de la política pública, lo que permitirá tener mayores avances en una inclusión financiera responsable.

Porque, finalmente, es crucial que tomemos dimensión de que para avanzar hacia la equidad que aspiramos necesitamos que el sistema financiero sea inclusivo. No nos sirve un sistema financiero en el cual los que más necesitan de mecanismos de ahorro o de microcrédito enfrentan numerosas "barreras de entrada" (requisitos, formalidades, garantías) y terminan siendo expulsados a otro tipo de mecanismos más caros e inseguros, alimentando todavía más la inequidad de origen.

De hecho, y ejemplificando, el acceso a productos financieros resultaría en un gran beneficio para los vecinos residentes en asentamientos o villas: el acceso a tarjetas de débito y crédito les permitiría suavizar consumo y acceder a descuentos (principalmente en alimentos) tan comunes para estratos superiores (como ocurrió recientemente con el 50% del Banco Provincia o en su momento con el Plan Ahora 12/18); facilitarles el acceso a préstamos personales sin tasas usureras impulsaría sus microemprendimientos productivos; la posibilidad de contar con cajas de ahorro les permitiría resguardar sus ingresos del delito o la infortuna; el acceso a medios de transferencias y seguros les facilitaría asistir y ser asistidos por familiares en momentos de crisis.

En otras palabras, el punto de partida en materia de inclusión financiera es el consenso de que el sistema financiero debe dejar de ser un esquema mediante el cual "siempre ganan los mismos" para pasar a ser uno de los motores del desarrollo equitativo que aspiramos.

En definitiva, la Argentina necesita del compromiso y el consenso de todos sus actores para transitar en los próximos años, sin desvíos, un camino delineado y consistente hacia la real inclusión financiera, que abarque a toda la población pero que tenga un mayor énfasis en incluir a los que hoy están excluidos. Fomentar una inclusión financiera integral y responsable que mejore las condiciones de vida de la población y promueva que todos los argentinos, sin distinción alguna, sean partícipes de los beneficios que genera el sistema financiero es imperativo para la equidad y el desarrollo económico y social sostenible.

(*)Diputado Nacional por el Frente Renovador