La Justicia abre otra batalla

María José Sarmiento

Uno de los saldos más negativos que le dejó al Gobierno hasta ahora la crisis por los DNU es, sin duda, su relación con la Justicia. Si algo quedó probado en estos 40 días desde que Cristina de Kirchner alumbró en un decreto el uso de reservas para pagar deuda es que el Gobierno ya no puede tener certezas ante la reacción que puedan tener los jueces ante un reclamo contra cualquiera de sus actos. Sólo un camino quedó abierto en la relación entre el kirchnerismo y la Justicia: cualquier juez de primera instancia, de cualquier fuero o de cámara, a lo sumo adelantará con algo de tiempo las malas noticias a la Casa Rosada, pero los tiempos del idilio parecen acercarse al final. Hay un dato que demuestra con claridad esta situación. En los tribunales se asegura que Cristina de Kirchner tomó la decisión de pedirle a Julio Cobos que reuniera la comisión que establece el artículo 9 de la Carta Orgánica del BCRA para aconsejar sobre la remoción del presidente de la entidad porque conocía de antemano que le esperaba el viernes pasado en la Cámara de Apelaciones con relación al futuro de los decretos, una instancia que hasta ahora todo el kirchnerismo suponía como límite para cualquier freno de la Justicia al Gobierno.

Hasta allí un dato que puede parecer conocido, el problema es el origen. «El que avisa no traiciona», es la nueva frase que prima en juzgados que hasta no hace mucho eran permeables a las necesidades de la Casa Rosada. Ahora, la relación sólo alcanza para avisarles a los operadores del Gobierno -los que aparecen públicamente por estos días ya que otros del área judicial como Carlos Kunkel no registraron en los medios- que alguna mala noticia está por llegar.

Ese esquema jugó no sólo para que las juezas de la Cámara advirtieran sobre la imposibilidad de dar el visto bueno completo a los DNU de la polémica, sino también para respaldar a la jueza María José Sarmiento que, antes de emitir su decisión «ordinarizando» el proceso y complicando así al Gobierno, también habría tenido alguna conversación con instancias superiores de su fuero.

Así, tiene explicación el gesto presidencial de pagar el costo político de reconocer de hecho el error del DNU 18/2010, que intentó remover a Martín Redrado, y pasar el mal rato de enviarle la carta a Cobos de convocatoria de la Bicameral.

Como sea, las novedades no son buenas para el Gobierno. El fallo conocido el viernes pasado no es otra cosa que una muestra más de la debilidad que enfrenta el Gobierno en su relación con la Justicia. Otro indicador de los cambios que se están viviendo en los estrados judiciales es la bronca creciente que existe con un área que hasta ahora parecía inviolable: la máquina que sortea las causas ni bien ingresan las denuncias o presentaciones entre los distintos jueces de cada fuero.

El tope de esas protestas se habría dado el día que ingresó a la Justicia la denuncia del Gobierno contra Martín Redrado. Esa causa recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide, pero algunos federales juran que el resultado del sorteo se conocía de antemano. Para ellos es un problema: una causa que involucra a los Kirchner o a un funcionario en muchos casos es un problema, pero siempre es una garantía de poder para el magistrado que la recibe. De ahí que sea un mal indicador para ellos que se los deje afuera del sorteo.