¿De dónde provendrán los fondos que permitirán el aumento de la recaudación? Veamos:
Un cambio que favorecerá la recaudación será el nuevo Monotributo. Con el objetivo de «terminar, entre todos, con el enanismo fiscal», según dijo el propio Echegaray al presentar el proyecto, se ampliaron las categorías y se encarecen en hasta el 86% las cuotas. El proyecto fue consensuado con la CGT, la UIA, la ANSES, el Consejo y la Federación de Ciencias Económicas, y comenzará a regir en 2010.
Por estos cambios, el ente recaudador estima que juntará cerca de $ 1.500 millones. Se destinará el 70% a financiar a la ANSES y el 30% se coparticipará con la Ciudad de Buenos Aires y las provincias.
Según el texto aprobado, se eliminó el máximo de $ 12.000 anuales que correspondía a la categoría A. Ahora, pasó a ser de $ 24.000.
En líneas generales, se pasó de un tope de $ 72.000 en la categoría más alta a los $ 200.000 para quienes prestan servicios y de $ 144.000 a $ 300.000 a los que venden bienes.
El componente impositivo se mantiene sin cambios y sólo aumentarán los aportes a obras sociales y los jubilatorios de $ 46,75 a $ 70 y de $ 35 a $ 110, respectivamente.
Con estos cambios se espera que unos 400.000 contribuyentes ingresen al régimen simplificado y se sumen a los 1.100.000 ya inscriptos.
Se incluye también un nuevo régimen de «monotributo social», que busca incluir a los trabajadores en cooperativas.
Para 2010, además hay proyectadas nuevas medidas para combatir la evasión impositiva. Entre otras, ya se anunciaron -la mayoría en conjunto con el ministro de Economía, Amado Boudou, o el de Trabajo, Carlos Tomada-, la confección de un certificado electrónico de transferencia para la comercialización de autos usados, la obligatoriedad de facturas electrónicas para las operaciones de exportación, importación, seguros de caución y hoteleras. También la firma digital para contratos de compraventa de granos, los controladores fiscales, los chips para determinar la trazabilidad del ganado bovino y la puesta en marcha de nuevos registros para las entidades exentas.
Otro proyecto de la AFIP está relacionado con la informatización de la actividad vinculada a la industria tabacalera a través de un nuevo registro de acopiadores de tabaco y, según indicó Echegaray, se estarán «dando pasos importantes para las industrias recicladoras, con un empadronamiento de acopiadores de materiales reciclables».
Como la crítica a la AFIP suele ser que «cazan dentro del zoológico», en relación a que sólo 180.000 contribuyentes pagan el 96% de los impuestos, se decidió abrir el espectro. Echegaray lo describió como «salir en busca de las cuentas perdidas en el exterior», pero en rigor se trata de la firma de acuerdos de intercambio de información con países considerados de baja o nula tributación, o paraísos fiscales.
Con esos convenios, el fisco argentino puede solicitar el lavantamiento del secreto fiscal y bancario en plazas donde la AFIP cree que hay cientos de cuentas de argentinos sin declarar. También, y en mayor medida, saben que se realizan cientos de operaciones mensuales en donde interviene un paraíso fiscal donde se cree que los empresarios realizan una triangulación.
Entre otros países, ya se firmó con el Principado de Mónaco, Andorra, Bahamas y San Marino. Y restan otros diez países, entre los que figuran las famosas Islas Caimán.
En 2010, se intentará firmar con la plaza más emblemática para los argentinos que llevan dinero al exterior: Uruguay. Según la AFIP se está esperando que asuma y se estabilice el nuevo Gobierno de José Mujica para empezar a negociar los detalles del pacto de intercambio de información fiscal.
Para el año próximo hay proyectado también un crecimiento importante en las fiscalizaciones e inspecciones que hacen los funcionarios de la AFIP en sectores donde hay sospechas de alta evasión o trabajo informal.
Algunos de los mercados que ya están en la mira son: carnes, cereales, bebidas, calzado, automóviles, motos, productos químicos, laboratorios, higiene, marroquinería e indumentaria.
Otros ya fueron atacados, pero volverán a realizarse inspecciones como en la construcción y hoteles, donde se sospecha que la informalidad laboral supera el 60%.


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