La Policía asesinó a menor de un tiro en una marcha contra Maduro

Kluiver Roa, de 14 años, quedó tendido en el asfalto en un charco de sangre en San Cristóbal (arriba). Su muerte despertó la furia de los ciudadanos que se manifestaron contra la represión .

Caracas y San Cristóbal - Un adolescente de 14 años fue asesinado por un policía, ayer en Venezuela, durante una protesta antigubernamental en la ciudad de San Cristóbal, estado de Táchira, un hecho que crispó los ánimos entre la oposición al presidente Nicolás Maduro que denuncia la violación del Estado de derecho, al igual que numerosos organismos internacionales.

El director de Seguridad Ciudadana del estado Táchira, el militar Ramón Cabezas, dijo que Kluiver Roa, de 14 años y estudiante de secundaria, falleció tras un disparo de un agente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para dispersar a quienes protestaban por la inflación, la escasez de bienes básicos y lo que consideran represión.

De acuerdo con numerosos testigos, el niño no participaba de la manifestación sino que caminaba por la calle tras salir de clases. Según esos testimonios, el adolescente llegó al hospital sin signos vitales.

La ministra del Interior y Justicia venezolana, Carmen Meléndez, dijo más tarde que el policía que disparó fue aprehendido. "Fue detenido un oficial de la Policía Nacional Bolivariana, quien declaró haber efectuado un disparo al estudiante con una escopeta con municiones de goma", dijo la funcionaria durante un contacto telefónico con la televisora estatal. "Se aplicará todo el peso de la ley a él y a los responsables. Aquí no hay cabida para la impunidad", agregó.

El Ministerio Público (Fiscalía) informó, por su parte, que imputará a Javier Mora Ortiz, un efectivo de 23 años, por su "presunta vinculación" con la muerte de Roa. En el caso participarán dos fiscales. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, agregó que otro policía fue detenido por los hechos.

Este brutal asesinato ocurre semanas después de que el Gobierno de Maduro autorizara a los cuerpos de seguridad al uso de "fuerza mortal" para controlar el orden público en caso de manifestaciones violentas.

San Cristóbal fue cuna de las protestas estudiantiles de hace un año, que luego se extendieron a unas 20 ciudades de todo Venezuela y que dejaron entre febrero y mayo un saldo de 43 muertos.

"No es posible que la Policía reprenda de esa manera a los estudiantes, si saben que ellos no poseen armas de fuego, están desarmados, es muy preocupante lo que esta pasando aquí, dijo Rafael Valero, quien vive cerca del lugar del asesinato.

Durante la mañana de ayer, antes del crimen de Roa, unos doscientos manifestantes que protestaban contra la crisis económica se enfrentaron con la PNB en inmediaciones de la Universidad Católica de Táchira.

Diversos políticos de oposición pidieron ayer la renuncia del gobernador del estado Táchira, el oficialista José Vielma, y el cese de la "represión".

En los últimos meses, Maduro estrechó el cerco sobre la dirigencia antichavista. El último episodio ocurrió el jueves pasado con la detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien fue imputado por supuesta conspiración para generar violencia luego de que, junto con la exdiputada María Corina Machado y el dirigente preso Leopoldo López, firmó un "acuerdo para la transición", sindicado por el mandatario venezolano como la clave que activaría un golpe de Estado en su contra.

Ayer, la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) advirtió, en su informe anual, sobre "las fuerzas de seguridad y su excesivo uso de fuerza para dispersar protestas" en Venezuela.

A esa crítica se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que manifiestó "su profunda preocupación ante la situación del Estado de Derecho en Venezuela y las consecuencias para la vigencia plena de los derechos humanos". En una nota, exigió liberar a los líderes opositores detenidos y recordó que, de acuerdo con los estándares internacionales, la prisión preventiva es una medida excepcional.

El Gobierno de Dima Rousseff, en tanto, reiteró ayer su "gran preocupación" por la crisis venezolana, ante medidas que "afectan directamente a partidos políticos y a representantes democráticamente elegidos" y también frente a iniciativas que buscan "abreviar el mandato" del presidente Maduro. En lo que representa su segundo comunicado en cuatro días sobre el tema, enfatizó que es "imperiosa la pronta reanudación de diálogo político auspiciado por la Unasur a través de la Comisión de Cancilleres" -integrada por Brasil, Colombia y Ecuador- y recordó que esta iniciativa tiene el respaldo del Vaticano.

Agencias Reuters, EFE, AFP, ANSA y DPA