La reforma policial 2016 ya divide al Gobierno de Santa Fe

La gestión que encarará Miguel Lifschitz desde diciembre tendrá como principal desafío recomponer la credibilidad de la fuerza policial, en medio de profundas críticas a la actuación.

Santa Fe - La intención del gobernador electo de la provincia, el socialista Miguel Lifschitz, de iniciar el debate sobre una reforma policial ya generó cruces en Santa Fe, pese a que asumirá en el cargo dentro de cinco meses.

El actual secretario de Análisis y Articulación de Asuntos Interministeriales José Ricardo Spadaro, aseguró que es necesario modificar el uniforme de los efectivos, las materias y los contenidos que se enseñan durante la formación del agente, aunque fue más allá y destacó que es necesario echar a "los 3.000 atorrantes" que están con justificativos médicos.

Quien pidió "prudencia" fue el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, que explicó: "Que se hable de una reforma a las leyes policiales, en general, en algún momento lo hemos planteado. Incluso, en lo que ha sido posible lo hemos tratado de corregir a través de decretos porque había disposiciones que así lo permitían".

El ministro además dijo que cree que "en el futuro, reformar una ley o las leyes policiales necesitarán de mucho consenso en lo que es el cuerpo ejecutivo y el vínculo con la policía, y mucho diálogo con los legisladores".

Según Lamberto, "hay que trabajar con muchísima prudencia porque de la ley de 2006 -durante la gestión del exgobernador peronista Jorge Obeid- que se cuestiona a la actualidad pasaron diez años, y hay una realidad que no es la misma", por lo que hay que "tratar de que lo que se haga no genere problemas o más discordancias".

Días atrás, Lifschitz señaló que la idea de todo el debate que se plantea "es recuperar la formación del oficial, que se había perdido, recuperar las jerarquías y la escuela de oficiales, volver a la excelencia en la formación de los oficiales", y adelantó que someterá "la designación del jefe de Policía de la provincia a la aprobación de la Legislatura, porque debe tener respaldo político importante para ejercer liderazgo sobre la fuerza".

Para Lamberto, ésa "es una decisión del gobernador y tendrá que ser parte del diálogo entre el Ejecutivo, el futuro gobernador y el Legislativo", y que "deberá tener mucho consenso primero ante los actores: Gobierno, Ministerio y fuerzas policiales".