La trama del escándalo

• El escándalo en Petrobras, que tiene en vilo a la clase política y empresarial de Brasil, comenzó casi por casualidad en diciembre de 2013, cuando la Policía detuvo al empresario André Santos, con 289.000 dólares y 13.950 reales escondidos en sus medias y en su ropa. El sospechoso fue acusado de ser el responsable del lavado de dinero proveniente del contrabando desde Paraguay practicado por una banda de libaneses.

•Esto llevó a investigar la pista del lavado de activos, lo que condujo al comienzo formal de la operación "Lava Jato" ("limpieza a chorro"), que comenzó el 17 de marzo con una serie de operativos de la Policía Federal. Ese día se detuvo a 24 personas, entre ellas el cambista Alberto Youssef, hombre crucial en la trama del lavado.

•La declaración de Youssef hizo que se pusiera la mira en sus negocios en torno a dinero negro movido por Petrobras. El 30 de marzo cayó el exdirector de Abastecimiento de la petrolera, Paulo Roberto Costa (foto), quien reconoció haber recibido del cambista un auto de lujo.

•Cercados, ambos aceptaron acogerse al programa de "delación premiada", el que les exige confesar y aportar pruebas para beneficiarse de una reducción de sus penas. Así, sus dichos y documentos destaparon la existencia de un esquema de sobrefacturación de obras y contratos en Petrobras, que pasaban por las empresas contratistas y revertían en coimas pagadas a medio centenar de legisladores y políticos, mayoritariamente oficialistas, pero también opositores.

•Las pistas llevaron entonces a las empresas contratristas de Petrobras, esto es, varias de las principales constructoras de Brasil: Camargo Corrêa, OAS y Mendes Júnior, entre otras.

•Las redadas y detenciones del viernes último se concentraron en los principales directivos de estas empresas, varios de los cuales podrían, a su vez, también transformarse en arrepentidos y en otro director de la petrolera, Renato Duque. La prensa brasileña asegura que ahora los investigadores irán por los responsables políticos, receptores finales de los sobornos, lo que podría implicar a unos 70 legisladores, gobernadores y dirigentes.

• La situación política se hace delicada para la presidenta Dilma Rousseff: su Partido de los Trabajadores recibirá un fuerte repudio social y el Gobierno teme que rebroten las protestas sociales de junio de 2013. Las primeras manifestaciones para pedir un juicio político en su contra por ahora tuvieron escaso seguimiento.