Entre las principales cuestiones pendientes de su gestión figura la Ley de Comunicación, que le asigna un 33% del espacio a los medios públicos, un 33% al sector privado (en estos momentos posee casi el 85,5% del espectro) y el otro 34% a grupos comunitarios. La normativa no pudo salir adelante por la resistencia de la oposición en la Asamblea Nacional.
Durante este nuevo mandato, Correa intentará desarrollar la minería a gran escala, una cuestión que se adelanta conflictiva por el rechazo de sectores indígenas y que choca con algunos miembros de la Alianza Nacional (AN), que partió de una base ecologista.
Además, prometió profundizar su política de inversiones públicas y ayuda social sostenida en subsidios.
El Gobierno insistirá con una reforma del Código Penal Integral, que tipifica nuevos delitos y ordena la acumulación de penas.
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